Josep Prat ha cerrado un acuerdo con la Fiscalía en el juicio del caso Innova, cuya vista empezará el 26 de mayo en la Audiencia de Tarragona por las contrataciones presuntamente irregulares vinculadas a la construcción del nuevo hospital de Reus.
El pacto llega catorce años después del inicio de la investigación y antes de que arranque el juicio. Prat, expresidente del Institut Català de la Salut y exdirector general de Innova, asume los delitos de falsedad, malversación y prevaricación, mientras sigue sin confirmarse si el arquitecto Jorge Batesteza aceptará las mismas condiciones.
La Fiscalía rebajó el frente penal antes del juicio del 26 de mayo
La conformidad se hará pública en el trámite de conclusiones definitivas. El acuerdo cuenta con la adhesión del Ayuntamiento de Reus y de la CUP, que también han renunciado a reclamar responsabilidades civiles después del reintegro de las cantidades reclamadas mediante la garantía aseguradora ante el Tribunal de Cuentas.
La empresa BBATS Consulting & Projects quedará fuera del procedimiento.
Antes del pacto, la Fiscalía pedía para Prat y Batesteza ocho años de prisión y 20 de inhabilitación absoluta, además de otros dos años de cárcel y una multa de 200.000 euros por tráfico de influencias. El alcance final de la condena se conocerá cuando las partes presenten sus conclusiones definitivas ante la Audiencia de Tarragona.
Judit Gené, abogada de Prat, pidió la atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido y avanzó que reclamará el levantamiento de los bienes embargados. Prat dirigió Innova entre 2007 y 2011 y también fue el máximo responsable del ICS.
Batesteza fue acusado de un doble cobro que elevó 186.400 euros el coste
La acusación sitúa a Jorge Batesteza en un doble papel durante las obras del hospital de Reus. Le atribuye haber trabajado al mismo tiempo para Innova y para la UTE Euroconsult Axxo Gestión, adjudicataria del project manager, por el seguimiento técnico y la asistencia de la obra.
El sobrecoste atribuido a esa operativa asciende a 186.400 euros.
La primera sesión de cuestiones previas también dejó un frente abierto entre las defensas y la acusación pública sobre la validez de la instrucción. Varios letrados reclamaron nulidades parciales o totales por vulneración del derecho de defensa, por el secreto de sumario y por la práctica de diligencias que, a su juicio, quedaron fuera del procedimiento.
David Rocamora, abogado de Carles Manté, centró parte de su impugnación en el origen de la investigación y en el registro del domicilio de su cliente.
"La voluntad del cuerpo policial yacía en interpretar todo aquello interpretable de la peor manera posible para generar un relato contra su cliente" - David Rocamora, abogado de Carles Manté
Rocamora pidió la nulidad de las pruebas obtenidas en ese registro al sostener que se accedió a documentación protegida por el secreto profesional y añadió que la defensa había reclamado cerca de 40 testimonios que no llegaron a practicarse. En la misma línea, el abogado de Lluís Miquel Pérez, Antoni Aluja, reclamó la nulidad de la pieza separada segunda.
Aluja sostuvo ante el tribunal que el secreto de sumario generó desigualdad y que durante la instrucción no se admitió ninguna diligencia de descargo propuesta por las defensas. La representación de Esther Ventura también solicitó la nulidad de la declaración policial de Josep Prat de 2016 ante la Guardia Civil por la ausencia de todas las defensas.
La Fiscalía negó que la causa naciera de recortes de prensa
Frente a esas objeciones, la Fiscalía rechazó todas las peticiones de nulidad y defendió que la investigación arrancó con documentación remitida por el Ayuntamiento de Reus en 2012, no por informaciones periodísticas. Carles Perdiguero, representante de la CUP, rechazó además las acusaciones de falta de imparcialidad contra el instructor.
En la sesión, Josep Maria Pou, abogado de Esther Ventura, expuso que Prat declaró que la contratación se produjo porque la consellera de Salut Marina Geli se lo dijo.
La causa principal y la pieza separada número dos reúnen una instrucción que ha llegado al juicio catorce años después de su arranque, con un acuerdo ya encarrilado para Prat y con la petición de la defensa de levantar los bienes que siguen embargados.