El Gobierno ha enviado en abril una carta a 736 sociedades mercantiles para recordarles que deben aceptar las prórrogas de alquiler que pidan sus inquilinos durante la vigencia del decreto extraordinario que permite alargar dos años los contratos que finalicen entre 2026 y 2027.
La comunicación llega con una brecha relevante entre el anuncio político y el detalle real del registro. El mensaje oficial habló de 541 empresas, pero el catálogo final consultado suma casi 200 más y, además, el propio Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 admite que no dispone del número concreto de inmuebles por empresa ni de la fecha de referencia del recuento.
El registro bajó de 903 a 736 empresas tras excluir entidades no mercantiles
El listado inicial difundido por el ministerio incluía 903 entidades. Después quedó reducido a 736 al descartar administraciones públicas, fundaciones, instituciones religiosas, cooperativas y comunidades de bienes, de propietarios y hereditarias.
Esas 736 empresas poseen o gestionan más de 50 viviendas cada una y, en conjunto, acumulan más de 50.000 viviendas de alquiler, de acuerdo con la nota de prensa del Ejecutivo. Entre ellas figuran operadores internacionales como Blackstone, Cerberus, Goldman Sachs, Lone Star y TPG.
También aparecen entidades bancarias como Banc Sabadell, Caixabank, BBVA, Santander, Kutxabank y Unicaja, además de promotores como Núñez i Navarro y sociedades con conflictos abiertos con inquilinos como Renta Corporación y Vivenio Residencial.
Fuentes oficiales del departamento que dirige Pablo Bustinduy precisaron que el recuento es un cálculo realizado a partir de fuentes públicas. El ministerio añadió que no tiene una relación detallada del número de inmuebles por empresa.
Un estudio en Cataluña situó en casi 70.000 pisos el parque controlado por 284 matrices
En Cataluña, un estudio previo elaborado a partir de las fianzas depositadas en l'Institut Català del Sòl identificó 284 sociedades matriz megapropietarias. Ese grupo controlaba el 9,6% del parque de alquiler, equivalente a casi 70.000 viviendas.
Los datos, cerrados a finales de 2022, situaban a la Generalitat de Catalunya como principal tenedora con 10.731 pisos. A continuación aparecían Caixabank con 5.064, l'Ajuntament de Barcelona con 4.809, Cerberus con 2.877 y Blackstone con 2.493.
La comparación entre ambos recuentos deja cifras de alcance distinto. Mientras el registro estatal se presenta como un inventario de sociedades mercantiles al que se remitió la carta de abril, el estudio catalán fotografiaba sociedades matriz y daba una dimensión mucho mayor del peso de los grandes tenedores en el mercado del alquiler.
Al mismo tiempo, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció que había tramitado una comunicación a los 13 mayores tenedores del Estado, a los que atribuye más de 100.000 viviendas de alquiler, aunque no ha hecho públicos sus nombres.