El Congreso tumbó este martes el real decreto que permitía prorrogar, en las mismas condiciones, los contratos de alquiler que vencieran antes del 31 de diciembre de 2027 durante un máximo de dos años. La norma había entrado en vigor el 21 de marzo tras su publicación en el BOE, pero su convalidación parlamentaria no reunió los apoyos necesarios y quedó anulada apenas cuatro semanas después.
La derogación ha abierto un periodo de incertidumbre para muchos inquilinos que habían solicitado acogerse a la moratoria mediante burofax a sus propietarios. No existe un registro oficial que contabilice cuántas comunicaciones se llegaron a enviar, aunque un estudio del Ministerio de Consumo estima que hay cerca de un millón de contratos de alquiler que vencen antes del 31 de diciembre de 2027.
Qué ocurre con las solicitudes ya enviadas
El abogado especializado en vivienda Javier Rubio, del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, sostiene que quienes activaron ese derecho mientras la norma estaba vigente mantienen sus efectos. Su criterio es que el rechazo posterior del Congreso no invalida las consecuencias ya generadas durante la vigencia del decreto.
"No importa que ahora no exista ese marco legislativo" - Javier Rubio, abogado especializado en vivienda del CAES
"Si el inquilino ejerció su derecho mientras la norma estaba vigente, el rechazo posterior del Congreso no puede invalidar los efectos ya generados" - Javier Rubio, abogado especializado en vivienda del CAES
El decreto ley formaba parte del paquete impulsado por el Gobierno de coalición para aliviar la tensión del mercado del alquiler en el contexto de los efectos económicos de la guerra en Irán. Con su caída, también deja de aplicarse de forma automática el límite del 2% a la revalorización anual de los alquileres.
Vuelve el tope general de la Ley de Arrendamientos Urbanos
Tras la derogación, la actualización de las rentas vuelve a quedar regida por la Ley de Arrendamientos Urbanos, que fija que no puede superar el IPC. Ese índice se sitúa por encima del 2% y en marzo alcanzó el 3,4%, de modo que el margen de subida vuelve a ampliarse respecto al límite extraordinario que recogía el decreto rechazado.
El Ejecutivo insiste en que no renuncia a las medidas de vivienda incluidas en ese texto, que decayó con el voto en contra de Junts y la abstención del PNV. Pedro Sánchez apeló este miércoles a las posiciones constructivas para sacar adelante los objetivos pactados con los socios de la investidura. En una intervención en el foro CityLab de Bloomberg defendió además la necesidad de intervenir un mercado que, a su juicio, no funciona.
El Gobierno busca un nuevo acuerdo parlamentario
Fuentes del Ministerio de Vivienda consideran que Junts ha abierto una ventana que el Ejecutivo quiere aprovechar. Pablo Bustinduy aseguró que hará lo que sea necesario para responder al problema, mientras que Isabel Rodríguez se mostró decidida a retomar las conversaciones con los grupos para intentar cerrar un acuerdo. Ernest Urtasun, en los pasillos del Congreso, se limitó a señalar que hay margen.
Entre las fórmulas que se estudian figuran propuestas planteadas por Junts a mediados de abril mediante una proposición no de ley. Ese paquete incluye medidas fiscales y legales con deducciones del 15% para compra, ahorro previo y alquiler dirigidas a rentas inferiores a 33.007 euros, con una base máxima anual de 11.630 euros.
Las iniciativas también contemplan cambios normativos para ampliar la consideración de vivienda habitual y la creación de un nuevo artículo en el Código Civil que permitiría a los hipotecados cancelar su deuda abonando el mismo precio al que los bancos hayan vendido esa deuda a terceros.
Por ahora, fuentes de Junts sostienen que no se han producido contactos con el Ejecutivo sobre estas propuestas. Desde ERC apuntan que no comparten las recetas de Junts, aunque avanzan que no votarán en contra de ninguna iniciativa pactada que suponga una mejora para cientos de miles de ciudadanos del Estado.
El Gobierno mantiene la previsión de seguir insistiendo con iniciativas similares y admite que la vigencia de las medidas dependía de la convalidación parlamentaria. La intención ahora es activar en breve un nuevo paquete para intentar aprobar el conjunto y evitar otra derrota en el tramo final de la legislatura.