El Ayuntamiento de Tarragona identificará con un carnet y un chaleco oficial a las gestoras autorizadas de colonias felinas para acreditar su labor en la calle y protegerlas ante episodios de acoso y agresiones. La medida afecta a una red que sostiene la atención de 3.422 gatos callejeros repartidos en 322 colonias del municipio.
La decisión llega en un contexto de fuerte dependencia municipal de ese trabajo voluntario. La Ley de Bienestar Animal de 2024 atribuye a los ayuntamientos la gestión de los gatos urbanos, pero el consistorio admite que no puede asumir por sí solo una tarea que hoy recae en 270 voluntarias, que además financian en gran parte la alimentación y los cuidados.
El consistorio reconoce que 270 voluntarias sostienen la atención de 3.422 gatos
Sandra Ramos, concejala de Benestar Animal del Ayuntamiento de Tarragona, enmarca el nuevo sistema de acreditación en esa dependencia estructural de la red ciudadana.
"Gestionar este volumen de animales sería imposible sin la colaboración gratuita, altruista y sacrificada de las personas voluntarias" - Sandra Ramos, concejala de Benestar Animal, Ayuntamiento de Tarragona
De las 270 personas que participan en la gestión de colonias, 178 ya han superado la formación específica y disponen de carnet vigente. Otro centenar sigue el proceso formativo, que el ayuntamiento imparte en centros cívicos y que prevé ofrecer también en formato online.
Además de acreditar a las alimentadoras, el municipio recuerda que interferir en su labor está prohibido y puede acarrear sanciones. Para los conflictos con residentes, el ayuntamiento habilita un servicio de mediación municipal.
La normativa municipal también limita cómo se alimenta a los animales. Solo las personas acreditadas deben suministrar pienso seco y retirar después los recipientes, mientras que dejar restos de comida doméstica queda prohibido por motivos de salubridad.
En paralelo, el consistorio repartirá 7 toneladas de pienso para las colonias, aunque la propia administración reconoce que esa cantidad no cubre las necesidades anuales. El ayuntamiento también quiere ampliar el método CER para controlar de forma ética las poblaciones y forma a sus funcionarios sobre las obligaciones jurídicas que impone la ley.
Las entidades denuncian sabotajes y piden protección en las colonias más expuestas
Las asociaciones que trabajan sobre el terreno describen un escenario de desgaste continuo. Denuncian actos vandálicos, incendios en colonias, agresiones a los animales y envenenamientos, además de la falta de voluntarios y de casas de acogida.
Gloria Herrera, de Rodogats Pere Pau, relata algunos de esos ataques sufridos en los puntos de alimentación.
"Destrozan los comederos, se orinan en los bebederos, les echan aceite de motor o nos roban la comida que compramos con nuestro dinero" - Gloria Herrera, Rodogats Pere Pau
Por ese motivo, solo algunas colonias tendrán carteles identificativos oficiales. El ayuntamiento opta por mantener en el anonimato las situadas en zonas vulnerables para reducir el riesgo de robos o envenenamientos.
La gestión de estas colonias también entra ya en la planificación municipal de obras. En La Tabacalera, donde vive cerca de un centenar de animales, el consistorio ya ha mantenido reuniones para integrar su presencia en las intervenciones previstas.
Retirar una colonia no elimina el problema porque el efecto vacío favorece que otros gatos ocupen el mismo espacio. La función de las voluntarias pasa por actuar allí donde los animales ya están asentados, controlar su estado de salud y aplicar esterilizaciones, además del papel ecológico que cumplen al limitar plagas de roedores e insectos.
En estos momentos, 178 de las 270 voluntarias ya tienen el carnet en vigor y alrededor de un centenar más sigue la formación específica para obtener la acreditación municipal.