La Generalitat ha aprobado una orden que regula la recolección comercial de lentisco y brezo en los bosques catalanes y fija por primera vez un sistema de comunicación previa obligatoria antes de iniciar la actividad. La nueva norma determina quién puede extraer estas especies, en qué condiciones técnicas debe hacerlo y qué controles deberá cumplir después de la venta.
La orden establece que solo podrán recolectar los propietarios de terrenos forestales o las personas que dispongan de autorización expresa. Además, será obligatorio contar con el permiso del propietario de la finca y presentar una comunicación previa ante la Generalitat, con una vigencia de un año.
"Cualquier actividad extractiva deberá notificarse antes de empezar" - Jaume Minguell, director general de Boscos
Control previo y trazabilidad de la venta
La regulación incorpora también un sistema de trazabilidad para seguir el destino del producto recolectado. Los recolectores deberán presentar una declaración final con los datos de la venta, incluyendo cuánto han recogido, cuándo lo han hecho y a quién lo han vendido. El objetivo es dar cobertura legal a una actividad que hasta ahora se movía en un marco poco definido y que había generado conflictos sobre el terreno.
"Hasta ahora, había un vacío legal que perjudicaba la gestión sostenible, a los propietarios, a las empresas que realizan la extracción con trazabilidad y a los consumidores" - Jaume Minguell, director general de Boscos
La presión extractiva se concentra especialmente en Barcelona, Girona y Tarragona, donde se acumula cerca del 75% de las actuaciones relacionadas con esta actividad. Entre las zonas más afectadas figuran el Camp de Tarragona y las Terres de l"Ebre, donde la recolección se habría intensificado en los últimos años, en muchos casos sin permiso. La actividad también tiene presencia destacada en comarcas como el Bages y el Alt Penedès.
Condiciones técnicas para evitar daños en el bosque
La orden detalla cómo debe hacerse la extracción para reducir el impacto sobre el medio natural. En el caso del lentisco, prohíbe arrancar las plantas de raíz y obliga a realizar cortes que favorezcan el rebrote, además de respetar límites máximos de extracción. Para el brezo, la norma concreta métodos de corte orientados a reducir riesgos en zonas de pendiente y a minimizar la erosión del suelo.
El Govern sostiene que el lentisco es una de las especies silvestres más recolectadas con fines comerciales en Catalunya, seguido del brezo. La nueva regulación pretende ordenar una actividad que había ido ganando volumen y que, en algunos puntos, había acabado generando problemas de convivencia y seguridad.
"Es una actividad que tiene un impacto social en cuanto a convivencia y a generar conflictividad" - Jaume Minguell, director general de Boscos
Vigilancia sobre el terreno y suspensión con riesgo alto de incendio
La respuesta de la Generalitat no se limita al control administrativo. El dispositivo se apoyará también en vigilancia sobre el terreno y prevé la suspensión de la recolección si el Pla Alfa alcanza niveles altos. El Govern vincula esta medida a los riesgos detectados en los últimos años, entre ellos incendios provocados por hogueras improvisadas, conflictos con cazadores en zonas de batida y accidentes graves.
Entre los episodios citados figura el caso de Tarragona en el que murió un recolector tras ser abatido accidentalmente por un cazador que lo confundió con un animal. A ello se suma la detección de supuestas redes organizadas capaces de mover toneladas de lentisco, con estructuras logísticas que incluyen almacenes y transporte internacional. En distintos operativos también se habrían intervenido vehículos sobrecargados y personas en situaciones precarias.
Una norma con intención disuasoria y pedagógica
El Govern enmarca esta orden en una estrategia de control, pero también de prevención. La intención es introducir un componente pedagógico para fomentar un uso responsable de los recursos forestales y frenar la idea de que el lentisco es un recurso fácil y sin dueño. Con la nueva regulación, la Generalitat busca ordenar una actividad extendida en varias comarcas catalanas y dar más herramientas para actuar frente a las extracciones irregulares.