El agente de la Policía Local Toni Franco ha interpuesto recursos contencioso-administrativos ante los juzgados de Tarragona contra el Ayuntamiento y la jefatura policial. El funcionario denuncia presunto acoso laboral desde 2018 e impugna un expediente disciplinario que derivó en una suspensión de empleo y sueldo.
Franco atribuye su actual situación de baja psicológica a la alcaldesa Montse Muñoz y al jefe de la Policía Local, Antoni Dote. El demandante cuestiona el archivo del protocolo interno que activó y señala hostigamiento profesional, aislamiento y trato discriminatorio como causas de su incapacidad temporal.
La defensa municipal niega el acoso moral
El consistorio rechaza las acusaciones y matiza el estado administrativo del agente. La administración local afirma que Franco no se encuentra de baja médica oficial, sino disfrutando de unos días de permiso reglamentario. Esta discrepancia sobre la situación laboral marca la tensión inicial del conflicto judicial.
Montserrat Muñoz ha pedido prudencia mientras dure el procedimiento abierto. La edil defiende que la actuación del ejecutivo se ajusta a un informe técnico que descarta el acoso. Este documento concluye que los hechos relatados por el policía no cumplen los criterios jurídico-técnicos para definir un acoso moral en modalidad descendente.
"No existen pruebas documentales o testificales que permitan atribuir a mandos policiales conductas equiparables a un abuso de poder" - Montserrat Muñoz, alcaldesa del municipio
La regidora sostiene que el expediente sancionador siguió escrupulosamente la legalidad vigente. Recuerda que la instrucción del caso fue externa al Ayuntamiento para garantizar la imparcialidad. El recurso del agente alega vulneraciones de derechos fundamentales como la intimidad, la libertad de expresión y el derecho de defensa.
La controversia por las cámaras corporales
Uno de los ejes centrales de la demanda es el tratamiento de una grabación obtenida en 2024. El agente denuncia el uso de imágenes captadas presuntamente de forma accidental mediante una cámara policial corporal (bodycam). Este elemento probatorio genera debate sobre los límites del control interno.
Muñoz defiende estos dispositivos como una herramienta de doble garantía. Argumenta que protegen jurídicamente a los agentes durante las intervenciones y sirven de mecanismo de control ante irregularidades. Franco, con 35 años de trayectoria en cuerpos locales y destinado en el municipio desde finales de 2012, mantiene su postura de víctima de una persecución institucional.
La justicia deberá determinar ahora si existió una vulneración sistemática de los derechos del funcionario o si, por el contrario, las actuaciones municipales se circunscribieron a la normalidad administrativa y disciplinaria.