La verificación de edad en internet vuelve al centro del debate por el acceso de menores a redes sociales y a contenidos para adultos. Expertos en derechos digitales y ciberseguridad coinciden en que la protección de la infancia es un objetivo necesario, pero advierten de que cualquier sistema mal diseñado puede comprometer la privacidad y abrir la puerta a un control excesivo de los usuarios.
La clave está en proteger a menores y adultos
Maite Arcos, directora de la Fundación Empresa, Seguridad y Sociedad Digital y colaboradora del Observatorio de Derechos Digitales, sostuvo que un sistema de verificación de edad no está bien diseñado si recopila datos biométricos de menores. A su juicio, el reto no se limita a impedir el acceso a determinados servicios, sino a hacerlo sin invadir la esfera privada de quienes intentan utilizarlos.
"Si garantiza la privacidad, es una buena herramienta para el objetivo que persigue" - Maite Arcos, Fundación Empresa, Seguridad y Sociedad Digital
Arcos recordó que el Reglamento europeo de Servicios Digitales ya obliga a las plataformas a implantar medidas tecnológicas para evitar que contenidos para adultos, como pornografía, juego u otros, queden al alcance de menores. En ese marco, defendió que España cuenta con herramientas sólidas para avanzar en ese terreno.
España dispone de un DNI electrónico superavanzado y robusto, señaló, al tiempo que subrayó que ya existe tecnología capaz de verificar si una persona tiene la edad requerida sin revelar su edad completa. El problema, insistió, está en asegurar la privacidad tanto de los menores como de los adultos que quieran acceder legalmente a esos servicios.
Riesgo de pérdida de anonimato y uso indebido de datos
Josep Albors, director de investigación y concienciación en España de la empresa de ciberseguridad ESET, advirtió de que cualquier sistema de verificación supone recopilar datos del usuario y conlleva una pérdida del anonimato, en mayor o menor medida. También alertó del riesgo de que la entidad encargada de custodiar esa información privada pueda sufrir ataques o hacer un uso inadecuado de ella.
Albors puso además el foco en la eficacia real de estas medidas. Aseguró que los mecanismos implantados en algunos países no han evitado que las personas afectadas por la verificación de edad accedan a plataformas o servicios restringidos. Entre las vías para sortear esos controles figuran sistemas que encriptan el tráfico, cuentas prestadas, credenciales falsas o incluso herramientas de inteligencia artificial.
El temor a una vigilancia excesiva
El experto planteó si la protección de la infancia puede acabar utilizándose como justificación para desplegar sistemas de monitorización y vigilancia sobre los usuarios de redes sociales e internet en general. En esa línea, defendió que la respuesta frente a los contenidos ilegales debe apoyarse en el sistema judicial y en un mayor uso de herramientas ya disponibles, como las aplicaciones de control parental instalables en los dispositivos.
Desde su punto de vista, no serían necesarias medidas adicionales más invasivas si se aplican de forma efectiva los recursos legales y tecnológicos ya existentes.
"Lo contrario puede derivar en un control autoritario y censura de lo que se consume en redes sociales e internet, independientemente del partido que gobierne; la libertad de información y la libertad de expresión ya han sido delimitadas por el Tribunal Constitucional, y los menores también tienen derechos" - Josep Albors, ESET
Albors señaló que herramientas vinculadas a las administraciones, como Cl@ve y Mi Carpeta Ciudadana, pueden resultar menos invasivas porque se limitan a confirmar la edad del usuario. Aun así, remarcó que no son infalibles para evitar fraudes, ya que pueden utilizarse dispositivos de otras personas.
Coincidencia en un punto de fondo
Los expertos consultados coinciden en que la protección de los datos personales y de la privacidad de los menores debe ser una condición básica en cualquier sistema de verificación de edad. También comparten que un mal diseño o una implementación deficiente puede provocar problemas de privacidad, pérdida de datos personales, control indiscriminado o vigilancia excesiva.
Mientras siguen abiertas las propuestas políticas y las soluciones tecnológicas, el debate se mueve entre varios frentes a la vez. La educación digital, el control parental y la aplicación de la legalidad aparecen hoy como parte del contexto inmediato en una discusión que no solo afecta al acceso a ciertos contenidos, sino también a los límites de la privacidad en internet.