USTEC-STEs y la CGT llevarán a los tribunales la presencia de dos agentes de los Mossos d'Esquadra infiltrados en una asamblea de profesores celebrada en un instituto de Ciutat Vella. Ambas organizaciones han activado ya a sus servicios jurídicos y sitúan el caso en el terreno de los derechos fundamentales y de la actividad sindical.
La tensión del caso se concentra en ese punto. Los sindicatos sostienen que una reunión vinculada a la organización docente y al debate sobre huelgas acabó bajo seguimiento policial, y reclaman saber quién ordenó la actuación, con qué objetivo y qué información se recogió sobre la participación del profesorado.
USTEC-STEs prepara una demanda ante el TSJC por derechos fundamentales
USTEC-STEs, integrado en la IAC, estudia presentar una demanda por vulneración de derechos fundamentales ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Al mismo tiempo, exigirá al Departament d'Interior el acceso completo a los informes y a la documentación policial relacionada con asambleas, huelgas y movilizaciones educativas.
El sindicato quiere comprobar qué datos recopiló la policía, con qué finalidad y si llegó a registrarse información vinculada a la participación sindical, la asistencia a asambleas o el seguimiento de las huelgas del profesorado.
USTEC-STEs llevará también el caso ante la Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
En su reacción pública, la organización reclama la dimisión inmediata de la consellera d'Interior, Núria Parlon. USTEC-STEs atribuye a la consellera el amparo de una actuación que considera “incompatible con los derechos fundamentales y con el respeto a la actividad sindical y a los espacios asamblearios”.
La CGT pide explicaciones a Illa, Parlon y Trapero
Por su parte, la CGT ha anunciado que sus servicios jurídicos trabajan para judicializar la infiltración de los dos agentes en la asamblea docente de Ciutat Vella. El sindicato amplía además la exigencia de responsabilidades políticas más allá de Interior.
La CGT señala a Salvador Illa, Núria Parlon y Josep Lluís Trapero.
La central reclama explicaciones inmediatas sobre tres extremos concretos. Quiere conocer quién ordenó la actuación, con qué cobertura política se llevó a cabo y cuál era el objetivo concreto de la presencia de los agentes en la reunión de profesores.
Ambos sindicatos sitúan así el conflicto en dos planos. Uno es el judicial, con las acciones que preparan sus servicios jurídicos ante los tribunales. El otro afecta a la trazabilidad de la actuación policial y al posible tratamiento de datos ligados a la participación sindical en asambleas, huelgas y movilizaciones del ámbito educativo.
La petición más concreta ya formulada por USTEC-STEs pasa por acceder a todos los informes y documentos policiales sobre asambleas, huelgas y movilizaciones educativas para verificar si hubo registros sobre asistencia, actividad sindical o seguimiento de paros docentes.