El diputado Agustín Rossi registró el 27 de mayo de 2026 un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que detalle cómo funcionará el sistema Gemelo Digital Social, presentado como una herramienta de inteligencia artificial aplicada a las políticas sociales.
La iniciativa pone el foco en una contradicción central. Mientras el sistema se anuncia para gestionar prestaciones sociales, Rossi reclama aclaraciones sobre si puede terminar automatizando decisiones sensibles, como la asignación de beneficios, la elaboración de perfiles de usuarios o la baja de ayudas sin intervención humana suficiente.
Rossi pidió detalles sobre datos, algoritmos y contratos del Gemelo Digital Social
El proyecto de resolución fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Comunicaciones e Informática. En ese texto, el legislador reclama información sobre las bases de datos personales que se integrarán, los algoritmos que se utilizarán y el tipo de inteligencia artificial previsto en el sistema.
También solicita conocer si habrá auditorías externas o algún mecanismo de supervisión independiente. A eso suma los protocolos de seguridad informática, el presupuesto asignado y los contratos o convenios firmados para poner en marcha la herramienta.
Además, Rossi quiere establecer si el sistema tendrá capacidad para intervenir en decisiones que afectan de forma directa a los usuarios de prestaciones sociales. Entre esos supuestos enumera la asignación de beneficios, la generación de perfiles o puntajes y la eventual baja de prestaciones.
El proyecto cita límites legales y antecedentes internacionales cuestionados
En su planteamiento, el diputado advirtió que la iniciativa podría suponer un tratamiento masivo y centralizado de datos personales de millones de argentinos. Por eso sostuvo que el Estado debe aplicar un esquema de funcionamiento riguroso y transparente antes de desplegar una herramienta de ese alcance.
Rossi recordó que la legislación vigente, incluida la Ley de Protección de Datos Personales, fija límites estrictos para el tratamiento de información sensible. En esa misma línea, vinculó el debate a la necesidad de controles democráticos, auditorías independientes y supervisión humana sobre cualquier sistema automatizado.
Fuera de Argentina, el proyecto menciona antecedentes que terminaron bajo cuestionamiento. Cita el caso de los Países Bajos, donde un sistema de perfilamiento social fue declarado ilegal, y también experiencias en el Reino Unido que recibieron críticas por errores y sesgos en la asignación de beneficios.
El texto presentado por Rossi sostiene que el Congreso no puede quedar al margen del desarrollo de herramientas tecnológicas de este tipo sin garantías adecuadas, y quedó formalmente girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Comunicaciones e Informática.