Una filtración masiva de datos personales ha afectado a 47 responsables públicos de hasta quince comunidades autónomas en España. La brecha de seguridad fue detectada en un portal especializado en la publicación ilícita de información personal y ha puesto en alerta a los servicios de ciberseguridad estatales.
Datos sensibles expuestos y advertencia de nuevas filtraciones
Entre los afectados figuran responsables políticos de primer nivel como Isabel Díaz Ayuso, Juan Manuel Moreno Bonilla, María Guardiola, Alfonso Fernández Mañueco, Imanol Pradales, Carlos Mazón, María Chivite y Jorge Azcón. Los datos comprometidos varían según el caso e incluyen direcciones de correo electrónico, números de teléfono móvil, documentos nacionales de identidad, direcciones postales completas, matrículas de vehículos, números de cuenta bancaria y referencias a suministros domésticos como el contador del gas.
El supuesto responsable del ataque se identifica en la red con el alias de "Eurogosth". Ha difundido mensajes intimidatorios dirigidos a responsables políticos de distintas comunidades y advierte de una posible segunda fase en la que podrían aparecer más datos personales, incluso información relativa a familiares. El mensaje difundido por el atacante incluye referencias ideológicas y un tono de amenaza.
Investigación policial y contexto reciente
La Policía Nacional y los servicios de ciberseguridad del Estado han abierto diligencias para identificar a los responsables del ataque. Entre los afectados hay cargos de PSOE, PP, PNV y Coalición Canaria, mientras que no figuran representantes de Vox.
Este episodio se produce pocas horas después de otro incidente en el que se filtraron datos personales del ministro de Transportes, Óscar Puente, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña. El autor de ese ataque anterior, identificado como "Vindex", difundió documentos de identidad, teléfonos y direcciones a través de foros especializados en piratería informática. Según la investigación preliminar, la motivación de ese ataque estaría relacionada con el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, en el que fallecieron 45 personas.
Reacción institucional y evaluación de riesgos
La Audiencia Nacional investigó los hechos anteriores bajo la calificación de ciberterrorismo, una figura penal que podría volver a aplicarse si se confirma la intencionalidad intimidatoria o desestabilizadora de esta nueva filtración. Desde distintos ámbitos del Gobierno se insiste en la necesidad de reforzar los sistemas de protección de datos y mejorar la coordinación entre administraciones para prevenir nuevas brechas de seguridad.
En estos momentos se está evaluando el impacto de estos ataques sobre la seguridad personal de los cargos públicos y la confianza ciudadana en las instituciones. La alerta se mantiene en todo el territorio y los equipos de ciberseguridad trabajan para contener la difusión de los datos filtrados.