La Moncloa ha activado un refuerzo urgente de su ciberseguridad tras la oleada de hackeos que dejó expuestos datos personales de altos cargos del Gobierno, de la Fiscalía y de los servicios de inteligencia. La respuesta ya se ha articulado a través de un contrato público con ejecución prevista para abril y centrado en blindar la red de la Presidencia del Gobierno.
El plan prevé la renovación integral de los cortafuegos y de los sistemas de monitorización de actividad en una infraestructura que el propio Departamento de Seguridad de Presidencia considera desfasada. Ese departamento admite que en la actualidad el sistema se apoya en "dos cortafuegos en clúster y un analizador de logs" que requieren una sustitución inmediata.
Renovación de la red de Presidencia
El contrato contempla la adquisición de nuevos equipos y el refuerzo del sistema de registro y análisis de actividad digital durante un periodo de cinco años. El presupuesto asciende a cerca de 174.000 euros con impuestos incluidos y también incorpora garantías de hasta cinco años.
Los nuevos cortafuegos deberán integrar sistemas de prevención de intrusiones, protección frente a malware, control de aplicaciones, filtrado de tráfico web y servicios antispam. A eso se sumará un sistema de análisis de logs para centralizar y examinar en tiempo real toda la actividad que atraviesa la red de la Presidencia.
El expediente también fija la figura de un responsable técnico como interlocutor único, encargado de supervisar la correcta ejecución del servicio. Todo el contrato se ha diseñado con obligaciones alineadas con el Esquema Nacional de Seguridad.
Datos sensibles difundidos en internet
La medida llega después de que se difundieran en internet teléfonos móviles, direcciones privadas y correos electrónicos vinculados al presidente del Gobierno y a varios ministros. Entre los afectados figuran Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, María Jesús Montero, Félix Bolaños y Esperanza Casteleiro.
La investigación sobre esta filtración sigue abierta y está en manos de la Comisaría General de Información. En el ámbito policial, la difusión se atribuye a un supuesto usuario reincidente que ya había publicado días antes datos relacionados con la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Hipótesis abierta sobre el origen de la filtración
La línea de trabajo de los investigadores apunta a una combinación de brechas en sistemas y posibles fallos en la gestión de datos expuestos en servicios digitales. Por ahora no consta un cierre de la investigación ni una resolución definitiva sobre el origen exacto de la fuga.
El caso recuerda a una actuación desarrollada hace meses en Canarias, donde dos jóvenes fueron detenidos por difundir información personal de cargos públicos y representantes políticos. En aquella investigación se sostenía además que parte de los beneficios obtenidos habrían sido canalizados a través de criptomonedas.
Con este refuerzo, Presidencia busca elevar de forma inmediata la capacidad de detección y contención frente a nuevas intrusiones en un momento especialmente sensible, con una exposición pública de datos que ha afectado a algunas de las principales figuras del Ejecutivo y del aparato del Estado.