El Govern ha aprobado un decreto que simplifica los trámites urbanísticos en los municipios de menos de 2.000 habitantes para facilitar la creación de vivienda. La norma permite a los ayuntamientos destinar a residencia construcciones existentes en suelo no urbanizable como granjas o almacenes.
Esta medida impacta directamente en 191 municipios de la provincia de Lleida lo que supone el 80 por ciento del total territorial. El ejecutivo autonómico busca con esta herramienta combatir el despoblamiento y agilizar los proyectos de vivienda en las zonas más afectadas por la fuga demográfica.
Los ayuntamientos ganan autonomía para rehabilitar granjas
Cada consistorio deberá aprobar un inventario específico de edificaciones en suelo no urbanizable susceptibles de convertirse en residencia habitual o actividades económicas. Este listado será independiente del catálogo de masías y casas rurales que ya existe en la legislación actual.
Las actuaciones derivadas de este inventario requerirán únicamente licencia municipal. No necesitarán informe de la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat de Catalunya y permitirán una ampliación de hasta 150 metros cuadrados con justificación de integración paisajística.
"Aborda la problemática de la vivienda y facilita el arraigo en los pueblos" - Jaume Gilabert, alcalde de Montgai y presidente de Eines de Repoblament Rural
La consellera Sílvia Paneque explicó que el decreto permite a los municipios rurales contratar de forma conjunta el proyecto y la ejecución de obras públicas y de edificación. Esta agrupación de encargos pretende reducir costes y tiempos de espera para las administraciones locales más pequeñas.
El planeamiento urbano se reduce de diez años a dos
El texto crea la figura de vecindarios rurales para núcleos de población en suelo no urbanizable con una antigüedad acreditada de 100 años. Además establece dos nuevas figuras de desarrollo urbano adaptadas a la realidad demográfica de estas zonas.
El Plan de Ordenación Urbanística Municipal rural servirá para crecimientos moderados mientras que las normas de planeamiento regularán las zonas sin crecimiento. El POUM rural mantendrá la misma tramitación pero con evaluaciones ambientales simplificadas y menor documentación administrativa.
Las normas de planeamiento podrán ser aprobadas directamente por el ayuntamiento tras un informe vinculante de la Comisión Territorial de Urbanismo. Los plazos de aprobación de estos planeamientos se reducirán drásticamente de entre 7 y 10 años a solo 2 años.
El ejecutivo ya ha abierto la primera convocatoria para licitar 8 solares de propiedad pública en municipios como Baix Pallars Bellver de Cerdanya Llavorsí Rialp Vielha Balaguer y Juneda. Estos terrenos tienen capacidad para construir 142 viviendas de alquiler asequible.