Una mujer trans hondureña de 32 años, vecina de Figueres desde hacía seis años, fue asesinada a puñaladas el 19 de mayo presuntamente por su expareja, Andrés R.C., de 48 años, después de una cadena de agresiones y decisiones judiciales que se concentraron en menos de 48 horas.
La secuencia dejó una contradicción inmediata. El agresor había aceptado el 18 de mayo una condena de seis meses de prisión por maltrato y una orden de alejamiento de 250 metros con prohibición de comunicarse con la víctima durante un año y cuatro meses, pero no entró en prisión y quedó libre antes del crimen.
El juzgado lo dejó libre horas después de una nueva agresión
Todo empezó el 17 de mayo, cuando la víctima llamó a emergencias tras ser golpeada y amenazada con un cuchillo. Un médico elaboró entonces un informe de lesiones y lo remitió al juzgado.
Al día siguiente se celebró un juicio rápido en el que Andrés R.C. aceptó la condena por maltrato. Horas después de esa sentencia, vulneró la orden de alejamiento, agredió de nuevo a la mujer, intentó estrangularla y trató de golpearla con un extintor.
Los agentes lo detuvieron y pasó la noche en el calabozo. Sin embargo, la mañana del 19 de mayo el juzgado de guardia lo dejó en libertad porque la víctima no acudió a ratificar la denuncia, pese a las agresiones previas y a sus doce antecedentes por violencia machista, robos y otros delitos.
Tras salir, presuntamente asesinó a su expareja. Testigos grabaron cómo se lavaba las manos y los brazos manchados de sangre en una fuente antes de que varias personas lo retuvieran.
El caso ha llevado a revisar decisiones adoptadas en las horas previas y también el modo en que se valora el peligro en agresores reincidentes. En esa discusión pesan tanto la falta de ingreso en prisión como la dependencia de la declaración posterior de la víctima.
Las juristas cuestionan la valoración del riesgo y la orden de 250 metros
Paula Narbona, abogada, sostiene que los antecedentes del agresor y la violencia acumulada en las horas anteriores al crimen debían haber influido en la evaluación del caso. En su análisis, esos elementos tendrían que haber situado a la víctima en un nivel de alto riesgo.
"La orden de alejamiento fue ridícula, de solo 250 metros, una distancia en la que la policía no tiene tiempo de reaccionar" - Paula Narbona, abogada
Narbona añade que, si ninguna patrulla detecta al agresor dentro de la zona de exclusión, puede llegar a la víctima porque no existe una protección material inmediata. También recuerda que la prisión provisional suele acordarse cuando un acusado vulnera tres veces una misma orden y que las infracciones anteriores suelen juzgarse meses después.
María José Varela, abogada, sitúa otro punto crítico en la necesidad de ratificar la denuncia. La renuncia a declarar por miedo mantiene, a su juicio, una parte central del proceso sobre mujeres que llegan a sede judicial aterrorizadas.
La Generalitat y el Ayuntamiento admiten fallos tras el crimen
Jordi Masquef, alcalde de Figueres, y Eva Menor, consejera de Igualdad y Feminismos, coincidieron en que "algo ha fallado". Menor anunció la convocatoria del grupo de análisis de feminicidios para estudiar posibles errores y planteó endurecer las medidas en los casos de alto riesgo con el uso de la prisión preventiva.
El agresor había cumplido condena en el Centre Penitenciari Puig de les Basses, también en Figueres. El Ministerio del Interior ha activado además un protocolo para alertar a las mujeres que denuncien sobre los antecedentes de sus agresores, mientras que el Ministerio de Igualdad propone vetar penas alternativas a la prisión en este tipo de condenas.
Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Trans, enmarca el asesinato en una doble violencia. La vulnerabilidad añadida de las mujeres trans, señaló, se suma a la violencia que ya sufren el resto de mujeres.
Las cifras de reincidencia y de denuncias previas acompañan el debate abierto tras el crimen de Figueres. Cuatro de cada diez agresores machistas reinciden, el doble que en otros delitos, y este año ya se han registrado 22 crímenes machistas, 10 más que en el mismo periodo de 2024, con un 40,9% de víctimas que habían denunciado, frente a una media histórica del 26%.