El nuevo proceso extraordinario de regularización administrativa ha arrancado con retraso institucional y con un vacío informativo que ya está dejando confusión entre potenciales beneficiarios en Cataluña. En ese contexto han aparecido personas sin acreditación que cobran cantidades elevadas por gestiones que deberían ser gratuitas, mientras buena parte de la orientación recae en entidades sociales.
La paradoja es que la medida abre una de las pocas vías amplias de regularización de los últimos años, pero llega sin una activación clara de servicios públicos para sostenerla. Ese desajuste entre el alcance del proceso y los recursos disponibles está generando atascos en trámites básicos y aumenta el riesgo de que queden fuera personas que sí cumplen los requisitos.
La falta de campañas públicas trasladó la carga al tercer sector
Durante meses, la falta de coordinación entre administraciones y la ausencia de campañas públicas claras dejaron el proceso sin una guía institucional reconocible. Ese vacío ha desplazado tareas propias de la administración hacia el tercer sector, que está asumiendo orientación, acompañamiento y resolución de dudas sin contar con recursos suficientes.
Laia Costa, jurista de SOMS Garrotxa, sitúa ahí una de las claves del momento actual.
"Estamos ante una oportunidad histórica porque es uno de los pocos procesos de regularización amplios en muchos años, y además no depende necesariamente de un contrato de trabajo como en otras ocasiones". - Laia Costa, jurista, SOMS Garrotxa
El alcance de la medida afecta a personas que ya residen y trabajan en ámbitos como los cuidados, la restauración, la industria cárnica o la agricultura. Pese a ello, no consta una estrategia institucional clara de apoyo ni una activación suficiente de los servicios sociales para acompañar un procedimiento que exige reunir documentación y acceder a citas administrativas.
En paralelo, los cuellos de botella ya se concentran en trámites concretos. La obtención de antecedentes penales, los informes de vulnerabilidad y la solicitud de citas figuran entre los puntos donde más se está notando el desajuste entre la magnitud del proceso y los medios disponibles.
El padrón pesa en la práctica aunque no sea un requisito formal
Uno de los problemas más repetidos aparece en el empadronamiento. Aunque no es un requisito formal del proceso, funciona de hecho como prueba de permanencia, por lo que cualquier obstáculo en ese registro reduce las opciones de acreditar arraigo administrativo.
En varios municipios, la gestión política del padrón ha provocado bajas de personas y ha reducido la posibilidad de empadronarse sin domicilio fijo. Esa dificultad empuja a muchos afectados a cambiar de municipio o a mantener registros que no coinciden con su residencia real.
Laia Costa describe ese efecto sobre la vida cotidiana de los solicitantes.
"Vemos mucha movilidad forzada, con personas empadronadas en un lugar pero viviendo en otro por falta de alternativas". - Laia Costa, jurista, SOMS Garrotxa
Esa movilidad acaba generando irregularidades derivadas de un sistema que no facilita un acceso normalizado a derechos básicos. También complica la preparación del expediente en un momento en que el proceso debería reducir barreras y no añadir nuevas dificultades documentales.
La jurista de SOMS Garrotxa advierte de que, sin un refuerzo institucional real, pueden producirse denegaciones y bloqueos administrativos a personas que cumplen los requisitos. Su aviso se apoya en la carga que ya soportan las entidades sociales, que están cubriendo funciones para las que no fueron dotadas y que no pueden sustituir a la administración.