El Departament de Salut mantiene en la urbanización Can Fornaca, en Riudarenes, la prohibición de usar el agua del grifo para beber y cocinar por superar los límites legales de flúor y uranio. La restricción sigue vigente y el agua solo puede destinarse a la higiene personal y a otros usos domésticos.
Casi dos años después de la primera recomendación municipal, la zona continúa sin garantías de agua potable. La paradoja es que la administración autonómica ha financiado medidas para asegurar el suministro, pero la solución estructural sigue pendiente y una posible conexión a la red Ter-Llobregat ni siquiera ha empezado a estudiarse.
Salut mantuvo la restricción tras detectar 35 microgramos por litro de uranio
Durante 2024, los controles detectaron valores de uranio de alrededor de 35 microgramos por litro en el agua de Can Fornaca. Ese resultado llevó a la autoridad sanitaria a requerir al Ayuntamiento de Riudarenes y a la empresa gestora Prodaisa que informaran a la población afectada.
La situación trascendió también al Parlament después de una pregunta registrada por En Comú Podem sobre la falta de garantías de agua potable en la urbanización. La respuesta del Gobierno confirmó que la restricción sanitaria seguía en vigor.
Desde 2017, la Agència Catalana de l'Aigua ha destinado 113.803 euros a financiar camiones cisterna. Ese sistema permite garantizar el suministro y rebajar la concentración de los parámetros que impiden el consumo.
La Generalitat deja en manos del ayuntamiento la planta potabilizadora
La Generalitat de Catalunya limita su papel al asesoramiento técnico. La promoción del estudio, el proyecto y la ejecución de una planta potabilizadora corresponde al consistorio.
Al mismo tiempo, la administración autonómica analiza si es viable instalar plantas de absorción de uranio y fluoruros y estudiar recursos subterráneos alternativos. También se han valorado conexiones externas para resolver el problema de abastecimiento.
En diciembre de 2025, el municipio pidió a Aigües Ter Llobregat un estudio de viabilidad para conectarse a la red Ter-Llobregat, pero el trabajo no ha comenzado y no hay fecha prevista. Quedó descartada la conexión con la arteria del Pasteral porque no suministra agua potable, y la opción desde la desalinizadora de la Tordera se rechazó por la longitud del trazado y la compleja orografía.
Mientras sigue abierta la búsqueda de una solución, el ayuntamiento contrató en octubre de 2025 obras de mejora de las redes en baja. El contrato fija como plazo máximo de ejecución el 23 de octubre de 2026 y como fecha límite de justificación el 23 de diciembre de 2026.