El 15 % de la población de Girona se encuentra en situación de pobreza severa tras cubrir los gastos de vivienda. Esta cifra equivale a unas 110.000 personas que destinan gran parte de sus recursos al alojamiento. La presión sobre el mercado inmobiliario deja a una décima parte de los vecinos en una posición económica extremadamente vulnerable.
Los Comuns han impulsado medidas para frenar esta tendencia con políticas concretas. Se ha aprobado un blindaje indefinido para las Viviendas de Protección Oficial y se multará con hasta 900.000 euros los sobreprecios. Además, se desplegarán 100 inspectores de vivienda para vigilar el cumplimiento normativo.
También se ha establecido un límite estricto al alquiler de temporada y habitaciones. Las grandes tenedoras con más de cinco inmuebles enfrentan ahora una prohibición total para realizar compras especulativas de vivienda. Estas restricciones buscan evitar la concentración de propiedades y proteger el acceso al hogar.
Contexto legal y reacción política
La situación política se complica con la espera del Real Decreto para prorrogar contratos. Este instrumento afectaría a unos 300.000 arrendamientos en Cataluña que finalizan entre 2026 y 2027. En Girona ciudad, la medida alcanzaría aproximadamente a 7.000 contratos de alquiler vigentes.
La aplicación de esta prórroga permitiría limitar el incremento del alquiler al 2 %. De confirmarse este techo, cada familia ahorraría casi 110 euros mensuales. Esta cifra representa un alivio económico significativo para miles de hogares que sufren la inflación inmobiliaria.
Sin embargo, la aprobación del decreto enfrenta resistencia parlamentaria significativa. Junts ha votado en contra de la prórroga de alquileres, alineándose claramente con el Partido Popular y Vox. Esta postura coincide con acciones legislativas previas del mismo grupo político.
La semana anterior, Junts respaldó una Proposición de Ley del PP para acelerar desarrollos urbanísticos. Dicha iniciativa pretendía rebajar la protección a familias vulnerables en desahucios y derogar artículos de la Ley de Vivienda. El voto contrario actual confirma una línea de acción coherente con esa moción anterior.
Estos antecedentes políticos explican la postura firme del partido frente a las medidas de contención de precios. La divergencia en el voto refleja una discrepancia estructural sobre cómo abordar la crisis habitacional en la región. El escenario legislativo permanece tensionado ante la urgencia de proteger a los inquilinos.