España ha abierto una nueva regularización extraordinaria para unas 500.000 personas extranjeras, un proceso que permitirá presentar solicitudes hasta el 30 de junio y que afecta también a miles de residentes en Cataluña que arrastran años de incertidumbre administrativa.
La medida fija como uno de sus ejes haber solicitado protección internacional antes del 1 de enero de 2026. También contempla la regularización de personas que ya se encontraban en España antes de esa fecha y que puedan acreditar al menos cinco meses de permanencia ininterrumpida, carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público.
Qué requisitos deben cumplirse
Además de esas condiciones generales, los solicitantes deberán encajar en alguno de los supuestos previstos. Entre ellos figura haber trabajado o poder acreditar intención de trabajar, convivir con hijos menores o familiares dependientes, o encontrarse en una situación de vulnerabilidad reconocida por servicios sociales o por entidades colaboradoras.
Se trata de la séptima regularización impulsada en el Estado. La anterior se llevó a cabo en 2005. El nuevo proceso vuelve a poner el foco sobre personas que, pese a llevar tiempo asentadas, siguen fuera del circuito administrativo ordinario.
Impacto entre familias asentadas en Cataluña
En ciudades como Girona, Barcelona, Lleida o Tarragona, la medida llega a hogares con menores escolarizados, empleos inestables y expedientes migratorios pendientes desde hace años. El objetivo es dar una salida legal a situaciones prolongadas de precariedad.
"Es muy importante porque da respuesta a los problemas de muchas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que llevan años en España con hijos escolarizados y, en muchos casos, trabajando en situaciones precarias" - Mireia Risco, responsable del departamento de extranjería de Lleal Tulsà Asesores
Risco considera que esta vía puede tener un efecto directo tanto para las personas afectadas como para el conjunto del sistema. La regularización permitirá incorporar a estas personas a la economía formal, con acceso a derechos y obligaciones en igualdad de condiciones.
"Con sus impuestos pasarán a contribuir a las arcas del Estado, y esto permitirá mejorar sistemas como la sanidad, la educación o las jubilaciones" - Mireia Risco, responsable del departamento de extranjería de Lleal Tulsà Asesores
Casos pendientes tras la denegación de protección internacional
Entre los perfiles que podrían verse beneficiados figuran personas que en su momento accedieron a una protección internacional temporal pero después quedaron fuera del sistema al no prosperar la renovación. Es el caso de Yeni Sánchez, ciudadana hondureña residente en Girona, que obtuvo protección internacional durante un año tras su llegada en marzo de 2023 y posteriormente vio denegada la renovación.
La apertura de este plazo hasta el 30 de junio marca ahora una ventana decisiva para quienes buscan estabilizar su situación administrativa en España después de años de residencia, trabajo precario o arraigo familiar sin una autorización regular.