El Ayuntamiento de Girona llevará al pleno de este lunes el inicio del procedimiento para extinguir la concesión del bar-terraza del parc del Migdia, adjudicada hace 25 años.
La decisión abre la vía al fin jurídico de la concesión y deja al consistorio ante tres opciones sobre el espacio: recuperarlo, volver a licitarlo o fijar otro modelo.
La concesión del parc del Migdia vence este septiembre tras 25 años
El pliego se aprobó en junio de 2001 y la adjudicación a Ecobar Girona SL llegó en septiembre de ese mismo año.
Ese contrato tenía una duración de 25 años y vence este septiembre, con un canon anual fijado entonces en dos millones de pesetas, unos 12.000 euros.
La empresa abonó además nueve millones de pesetas, unos 54.000 euros, por la construcción de los aseos y los proyectos técnicos.
El espacio ocupado corresponde a la parte interior de una edificación circular en la zona del estanque, cubierta por un porche umbráculo semicircular, con una superficie de unos 350 metros cuadrados.
El servicio debía prestarse durante todo el año dentro del horario de apertura del parc del Migdia.
La concesión incluía el bar, las instalaciones, los aseos públicos y el mantenimiento, siempre a riesgo del concesionario.
Ese parque se urbanizó en los años noventa sobre los terrenos de las antiguas casernas militares.
El pleno rechazó en mayo de 2022 la prórroga pedida por la empresa
Ecobar Girona SL pidió ampliar el plazo tres años y nueve meses por el impacto de la pandemia de marzo de 2020.
Un informe de abril de 2022 concluyó que no se daban las condiciones para ampliar el contrato.
"El contrato no puede ampliarse porque no concurren las condiciones legales para hacerlo" - Sin datos de fuente
El pleno municipal de mayo de 2022 desestimó la petición con los votos del entonces equipo de gobierno, formado por Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya, y de Guanyem, que entonces estaba en la oposición y ahora encabeza el gobierno municipal.
La empresa presentó después un recurso de reposición contra ese acuerdo, que el consistorio rechazó en julio de 2023.
El trámite que llega ahora al pleno abre el fin jurídico de la concesión actual y obliga a decidir qué uso tendrá el espacio cuando expire este septiembre.