El Ayuntamiento de Girona ha pedido a la justicia que reúna en una sola causa los distintos procedimientos abiertos en torno al bloque ocupado del número 13 y 15 de la ronda Ferran Puig, un inmueble que arrastra varios incidentes en los últimos meses y que también presenta deficiencias estructurales.
La iniciativa municipal busca, en paralelo, facilitar medidas para expulsar de la ciudad a personas que acumulen detenciones y que no residían antes en Girona. El alcalde, Lluc Salellas, ha defendido públicamente esta línea de actuación y sostiene que el consistorio lleva meses reclamando una respuesta judicial más contundente ante la problemática del edificio.
Una sola causa para abordar el conflicto
El gobierno municipal considera que la acumulación de procedimientos puede ayudar a ordenar la respuesta judicial sobre un mismo foco de conflictividad. El bloque está ocupado desde el verano de 2024, después de haber permanecido abandonado durante años, y desde entonces ha centrado parte de la preocupación vecinal y municipal por los episodios registrados en su entorno.
Salellas trasladó este planteamiento en la red social X, donde insistió en la necesidad de actuar sobre personas "que acumulen moltes detencions i que fins ara no eren a Girona".
"que acumulen moltes detencions i que fins ara no eren a Girona" - Lluc Salellas, alcalde de Girona
Reuniones con propiedad, seguridad y servicios municipales
En las últimas semanas, el Ayuntamiento ha mantenido contactos con la propiedad del inmueble, con los cuerpos de seguridad y con distintos servicios municipales. El propósito de estas reuniones pasa por estudiar todas las vías posibles para poner fin a la inseguridad existente en torno a esta finca de la ronda Ferran Puig.
El ejecutivo local enmarca estos encuentros en una estrategia más amplia para intentar desencallar una situación que se ha cronificado. El edificio ha sido escenario de varios incidentes en los últimos meses, aunque el consistorio centra ahora sus esfuerzos en una actuación coordinada en el plano judicial, policial y administrativo.
Un inmueble con problemas de seguridad
Junto al conflicto por la ocupación, el bloque presenta un problema añadido de conservación. La finca tiene riesgo de desprendimientos en la fachada y otras deficiencias estructurales, un estado que complica todavía más la gestión del caso y refuerza la preocupación sobre las condiciones del edificio.
Con esta petición a los juzgados, el Ayuntamiento pretende concentrar los frentes abiertos sobre una misma finca y acelerar una respuesta que permita intervenir sobre el inmueble y sobre la inseguridad asociada a este punto de la ronda Ferran Puig.