Una treintena de personas se concentró este sábado por la mañana en la Gola del Fluvià, en Sant Pere Pescador, para reclamar a la Generalitat y al Ayuntamiento el cierre del complejo Port Natura. La protesta se celebró en la zona de la desembocadura del Fluvià, junto al Parc Natural dels Aiguamolls de l"Empordà, convocada por la entidad Grup en defensa de la gola Fluvià.
Los participantes denunciaron que en este espacio funciona un aparcamiento de caravanas presuntamente sin licencia y que también se organizan actividades de kayak. Sostienen además que desde 2021 el propietario bloquea el paso de los coches por el camino del Joncar con una barrera.
Denuncia por la actividad y por el cierre del acceso
La portavoz del Grup Gola, Catalina Victory, aseguró que en Port Natura se ha consolidado desde 2021 un negocio privado con estacionamiento de autocaravanas y camiones, alquiler de embarcaciones como kayaks y motos de agua, además de la instalación de un bar durante el verano. La portavoz afirmó que el aparcamiento "no té cap mena de llicència" y que los vehículos se estacionan "sense cap mena de llicència ni autorització".
"Este ámbito ha quedado muy dañado" - Catalina Victory, portavoz del Grup Gola
Victory sostuvo también que en 2023 la Generalitat dictó un decreto de cierre y una resolución sancionadora que, a su juicio, no se están ejecutando. La entidad reclama la retirada de la barrera de acceso y de otros elementos instalados en la zona, entre ellos barreras de hormigón, así como una restauración ambiental del entorno.
La portavoz añadió que, según sus cálculos, el 48% de los terrenos pertenece a la Generalitat y al Ayuntamiento de Sant Pere Pescador y acusó al propietario de haber privatizado la parte de dominio público. También alertó de la gestión de residuos en el recinto y de la falta de información sobre el destino de las aguas grises de las autocaravanas.
El Ayuntamiento admite una situación compleja
El alcalde de Sant Pere Pescador, Agustí Badosa, admitió que la situación es compleja. El consistorio, explicó, ha abierto expedientes sancionadores e incluso ha llegado a precintar las instalaciones. Aun así, sostiene que el propietario habría incumplido esas medidas y que el caso está ahora en manos de la justicia.
Badosa señaló además que recientemente este espacio ha sido redefinido como dominio público marítimo terrestre. Ese cambio, remarcó, desplaza las competencias al Estado, que debería aplicar la ley de costas y determinar el cierre de las actividades que se desarrollan en la zona.
Un conflicto abierto desde hace más de dos décadas
El origen de la disputa se remonta a 2003, cuando los terrenos quedaron desclasificados definitivamente como no urbanizables. Dos años después, en 2005, se derribó un bloque de pisos que se había construido en ese ámbito.
Frente a las denuncias, el propietario del terreno, Víctor Latorre, rechazó las acusaciones y afirmó que se basan en "pressupostos falsos". También negó que exista un camino público en la zona y defendió que se trata de una propiedad "100% privada". Según su versión, el espacio funciona solo como aparcamiento vinculado al puerto y allí "no hi ha cap càmping ni serveis associats".
La movilización de este sábado vuelve a situar el foco sobre un enclave sensible de la costa del Alt Empordà, con un conflicto administrativo, urbanístico y judicial aún abierto y sin una solución definitiva sobre el futuro de Port Natura.