Un empleado municipal de Cassà de la Selva mantiene una batalla legal contra el consistorio tras ser despedido y posteriormente readmitido por orden judicial. Ricardo Baladon asegura que las autoridades locales han incurrido en irregularidades al gestionar su plaza de auxiliar de mantenimiento.
El conflicto se originó cuando el trabajador ganó la vacante mediante un concurso público en septiembre de 2023. Su situación cambió drásticamente tras reincorporarse de una baja médica en junio de 2024 y solicitar una reducción de jornada.
La administración le comunicó su despido a través de una notificación electrónica. El documento alegaba que no había superado el periodo de prueba establecido.
"Las bases establecían dos meses y él llevaba ocho trabajando" - Ricardo Baladon, trabajador afectado
Esta discrepancia temporal resultó determinante para la defensa del empleado. Un juez declaró nulo el despido al considerar que existía discriminación por enfermedad y ordenó su inmediata reincorporación.
Dos sentencias avalan la vuelta del empleado
La justicia ha emitido ya dos resoluciones favorables a Baladon que confirman su derecho a ocupar la plaza que ganó originalmente por méritos propios. Sin embargo, la ejecución de estas órdenes judiciales no ha estado exenta de tensiones.
Fueron necesarias dos sentencias para confirmar el retorno del funcionario a sus funciones habituales dentro del ayuntamiento. El proceso ha destapado presuntas dinámicas de favoritismo en la gestión de personal.
Baladon relata que durante su estancia previa recibía asignaciones de trabajos más duros y carecía de herramientas suficientes. Esta situación podría haber buscado forzar su salida voluntaria de la institución.
El empleado intentó en múltiples ocasiones reunirse con el alcalde Pau Presas para exponer estas irregularidades. Las respuestas institucionales se limitaron a darle largas con la promesa de que el asunto se solucionaría pronto.
Una instancia formal presentada ante el regidor sobre los supuestos puestos irregulares nunca obtuvo respuesta alguna por parte del ejecutivo local.
El consistorio niega cualquier ilegalidad
Fuentes municipales descartan categóricamente que se haya realizado ninguna adjudicación irregular de puestos de trabajo. Defienden que todas las plazas se cubren estrictamente de acuerdo con la legalidad vigente.
"El despido fue por causas objetivas y la readmisión se hizo en condición de laboral fijo" - Fuentes del Ayuntamiento de Cassà de la Selva
El equipo de gobierno explica que el proceso selectivo original tenía como objetivo cubrir un contrato de relevo por jubilación parcial. Tras el despido inicial optaron por recurrir a la bolsa de trabajo para cubrir la necesidad urgente.
Baladon sostiene que la plaza que él ganó debería haber vuelto a ofertarse mediante concurso-oposición tras su despido improcedente. Acusa a la administración de haber entregado el puesto a otra persona mientras el caso permanecía bajo revisión judicial.
La tensión entre la versión del trabajador y la defensa institucional continúa sin resolverse completamente. La existencia de dos fallos judiciales que obligan a la readmisión contrasta con la narrativa de normalidad administrativa que mantiene el ayuntamiento.