Un estudiante de 19 años de la Universitat Autònoma de Barcelona ha reclamado 9.211,35 euros al Ministerio de Transportes y a la Generalitat de Catalunya por los perjuicios que atribuye a un año y medio de retrasos, cancelaciones y falta de información en las líneas R1 y R7. David Pujol, vecino de Pineda de Mar, sostiene que la situación afectó a su salud mental y a su rendimiento académico hasta el punto de obligarle a dejar de desplazarse cada día y trasladarse a Cerdanyola del Vallès.
La tensión del caso está en ese salto forzado. Pujol no reclama solo por trenes que no llegaban o por trayectos interrumpidos, sino por haber tenido que cambiar de residencia para poder seguir estudiando después de una cadena de incidencias que, en su relato, convirtió el trayecto entre el Maresme y la UAB en algo inviable.
Pujol reclama 4.500 euros por salud mental y 2.500 por su impacto en los estudios
La reclamación patrimonial desglosa 4.500 euros por daños a la salud mental, 2.500 euros por vulneración del derecho a la educación y pérdida de oportunidades académicas, y 2.000 euros por el desarraigo ligado al cambio de residencia. A esa cantidad suma el reembolso de los abonos de transporte.
El joven vincula esos daños a las incidencias repetidas en la R7 y a la combinación con la R1, una dependencia diaria que se agravó con las obras en Montcada Bifurcació y con la necesidad de encadenar transbordos y autobuses alternativos.
En su relato, la rutina acabó rota cuando tuvo que trasladarse de Pineda de Mar a Cerdanyola del Vallès para continuar sus estudios en la UAB.
"Fue muy duro para mí, me hizo mucho daño mentalmente. Después de una hora y media de viaje me encontraba que mi tren del R7 no existía y nadie decía nada" - David Pujol, estudiante, Universitat Autònoma de Barcelona
Pujol asegura que la situación le provocó crisis de ansiedad, problemas de sueño y afectaciones académicas. También explica que presentó entre cuarenta y cincuenta reclamaciones administrativas previas ante Renfe y otros organismos, pero recibió respuestas genéricas o no obtuvo contestación.
La plataforma Dignitat a les Vies ve posible un precedente si la reclamación prospera
La reclamación ya está registrada ante la Generalitat de Catalunya y el Ministerio de Transportes. Ambas administraciones disponen de seis meses para responder y, si guardan silencio o rechazan la petición, el caso puede acabar en los juzgados.
Pujol mantiene que está dispuesto a llegar hasta ese punto. "Estoy muy decidido a ir a juicio si hace falta. No podemos permitirnos esto. Hay que hacerles pagar por todo lo que nos han hecho", afirma.
Desde las entidades de usuarios, Adrià Allo, miembro de Dignitat a les Vies, sostiene que la red todavía no ha recuperado un funcionamiento estable y apunta que una resolución favorable a Pujol podría servir de referencia para otros afectados. En su valoración, la incertidumbre diaria impide incluso organizar la vuelta a casa.
Pol Méndez, miembro de la Promoció del Transport Públic, relaciona el colapso ferroviario con los problemas de vivienda y movilidad y critica que las grandes inversiones no estén llegando al mantenimiento cotidiano de la red. Su diagnóstico enlaza con un caso individual que acabó teniendo consecuencias fuera del transporte y dentro de la vida académica del estudiante.
El expediente reclama en total 9.211,35 euros y da a la Generalitat de Catalunya y al Ministerio de Transportes un plazo de seis meses para contestar antes de una posible vía judicial.