Tot per Terrassa ha reclamado este martes la retirada inmediata del expediente de regulación de empleo presentado por FICOSA en su planta de Viladecavalls. El grupo municipal exige un plan industrial que ofrezca garantías reales para preservar los puestos de trabajo en el Vallès.
La iniciativa afecta directamente a 172 trabajadores de la factoría, lo que supone el 21 por ciento de la plantilla total. La mayoría de estos empleados residen en Terrassa, lo que convierte la situación en un asunto de primer orden para la cohesión social de la ciudad.
Los números de la empresa no justifican el despido
Jordi Ballart, alcalde de Terrassa y líder de la formación, sostiene que la situación financiera de la compañía no avala una medida tan drástica. Los datos económicos muestran una salud corporativa distante de la crisis que alega la dirección para recortar personal.
FICOSA cerró el ejercicio de 2024 con una facturación récord que superó los 1.397 millones de euros. Además, las previsiones para 2025 apuntan a un aumento de los resultados, lo que contradice la necesidad de destruir empleo según argumentan los ediles territorialistas.
"Los resultados económicos de la empresa no justifican la magnitud de la destrucción de empleo" - Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, Tot per Terrassa
El grupo municipal critica la falta de visión estratégica de la multinacional. Acusan a la dirección de no haber impulsado procesos de diversificación ni de reindustrialización que hubieran garantizado la estabilidad laboral a largo plazo en el sector de la automoción.
Alternativas laborales y mediación institucional
Lejos de aceptar el ERO, Tot per Terrassa plantea vías alternativas para ajustar la estructura sin recurrir al despido colectivo. Proponen medidas como la recolocación interna de los afectados, planes de formación y recualificación profesional o la oferta de jubilaciones parciales y anticipadas.
También estudian otros mecanismos pactados de flexibilidad interna que permitan adaptar la plantilla a la demanda sin romper el vínculo laboral. Estas opciones requieren voluntad negociadora por parte de la empresa y apoyo institucional.
Para llevar estas propuestas adelante, el grupo presentará una propuesta de acuerdo en la próxima Junta de Portaveus del Ayuntamiento. El texto busca sumar apoyos políticos para exigir la implicación activa del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat.
La administración catalana debería ejercer de mediadora en la negociación para defender el empleo industrial y el futuro productivo del territorio. La formación contextualiza este conflicto dentro de una tendencia preocupante de pérdida de capacidad industrial en Cataluña.