Una familia con dos menores de cinco y ocho años ha sido desahuciada este jueves por la mañana de una vivienda de la calle de la Petxina, en el Raval, pese a que formaba parte de la Mesa d'Emergència desde 2022 y seguía a la espera de la adjudicación de un piso.
El desalojo se ha ejecutado después de varios intentos de acuerdo fallidos con la propiedad. La contradicción la sitúan los propios plazos del caso, porque la unidad familiar llevaba tres años en la lista de emergencia y, según explicó Anna Pérez, miembro del colectivo Docents 080, debía recibir una alternativa habitacional en pocos meses.
La propiedad rechazó dos propuestas municipales para evitar el lanzamiento
Uno de los menores es autista, una circunstancia que llevó a varios colectivos a intentar negociar una salida con la propiedad del inmueble. La negociación no prosperó.
En 2024, los servicios municipales plantearon un acuerdo para que la familia pagara cuotas hasta la adjudicación de una vivienda. La propiedad rechazó esa primera propuesta.
Ya en febrero de 2026, el Ajuntament de Barcelona formuló un acuerdo transaccional para que la familia pudiera seguir en el piso abonando un importe consensuado. Tampoco salió adelante y la propiedad mantuvo su decisión de seguir con la vía judicial.
Desde el consistorio sostienen que intentaron cerrar un pacto hasta el último momento. En ese marco, la familia ha estado vinculada desde 2022 tanto a la Oficina d'habitatge como al SIPHO de Ciutat Vella.
"La propiedad ha mantenido en todo momento su voluntad de continuar con el procedimiento judicial y, tras varios aplazamientos, esta mañana se ha realizado el lanzamiento" - fuentes municipales
La familia llevaba tres años en la lista de emergencia sin piso adjudicado
Anna Pérez, miembro de Docents 080, señaló que la familia acumulaba ya tres años dentro de la lista de emergencia. Añadió que la previsión era que debían ofrecerles una alternativa de vivienda en pocos meses, pero la propiedad no aceptó esperar.
Según la misma portavoz, la negativa respondía al objetivo de destinar los pisos a alquiler de temporada. Ese punto ha centrado parte de las protestas de los colectivos que han acompañado a la familia en Ciutat Vella.
Tras el lanzamiento, los servicios municipales han ofrecido alojamiento de emergencia en el CUESB para la unidad familiar. Además, el Ayuntamiento valora un alojamiento temporal de urgencia o una ayuda económica para facilitar la búsqueda de una vivienda estable.
El ofrecimiento inmediato que queda activado tras el desahucio es el del CUESB, mientras la familia, con dos menores de cinco y ocho años, esperaba una vivienda de la Mesa d'Emergència desde 2022.