El cierre de 4 clínicas dentales obliga a trámites judiciales previos al evitar las empresas el concurso de acreedores

La OMIC asesora a 200 pacientes por el cierre de cuatro clínicas dentales que dejaron tratamientos a medias. Los afectados inician trámites previos para reclamar su dinero ante la falta de concurso de acreedores.

19 de mayo de 2026 a las 13:57h
El cierre de 4 clínicas dentales obliga a trámites judiciales previos al evitar las empresas el concurso de acreedores
El cierre de 4 clínicas dentales obliga a trámites judiciales previos al evitar las empresas el concurso de acreedores

La Oficina Municipal de Información al Consumidor ha atendido ya a 200 personas afectadas por el cierre de cuatro centros de salud bucodental en la ciudad, un problema que ha dejado tratamientos sin acabar y pagos ya realizados por importes elevados.

El caso ha dejado una situación poco habitual para los usuarios. Los establecimientos han bajado la persiana, pero ninguna de las empresas ha entrado en concurso de acreedores hasta la fecha, lo que obliga a los afectados a moverse por vías previas para intentar reclamar el dinero y dejar constancia de su caso.

La OMIC acompaña a 200 afectados por cuatro cierres en la ciudad

Los centros señalados son Oral Studio, con dos locales, Dent JYJ SL y Assistència Sanitària Flanders. En conjunto, los cierres han afectado a pacientes que habían pagado tratamientos dentales todavía en curso.

Además de los locales cerrados en la ciudad, Oral Studio también ha dejado de operar en centros de distintas localidades de Catalunya. El alcance del problema, por tanto, va más allá del ámbito estrictamente municipal.

Muchos de los usuarios abonaron cantidades elevadas por tratamientos que quedaron a medias. Esa interrupción ha generado un doble perjuicio, con impacto económico para las familias y con secuelas en la salud bucodental de los pacientes.

El trámite judicial previo condiciona las reclamaciones de los pacientes

Desde la oficina municipal, el acompañamiento incluye información sobre los derechos de los consumidores y la recopilación de datos sobre cada tratamiento pendiente. También orienta a los afectados para pedir la paralización de la emisión de nuevos recibos cuando los servicios fueron financiados a plazos.

En paralelo, la OMIC asesora sobre la reclamación de las cantidades pagadas por tratamientos no ejecutados. Ese paso resulta especialmente relevante en los casos en que el servicio contratado no llegó a completarse tras el cierre de la clínica.

Si corresponde por la situación de cada afectado, la oficina también informa de la necesidad de presentar denuncia en el juzgado. Ese trámite previo puede ser necesario para incorporarse más adelante al expediente judicial de concurso de acreedores si finalmente alguna de las empresas acaba entrando en ese procedimiento.

Por ahora, el dato que marca el escenario es que la OMIC ya ha atendido a 200 personas afectadas mientras Oral Studio, Dent JYJ SL y Assistència Sanitària Flanders siguen sin haber entrado en concurso de acreedores.

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