La Comisión de Presidencia y Seguridad del Ajuntament de Barcelona ha aprobado por unanimidad reforzar la presencia de la Guàrdia Urbana en los puntos más conflictivos de la ciudad tras el tiroteo a plena luz del día en el carrer de la Mineria, en la Marina de Port.
El debate dejó una paradoja en el centro de la sesión. El gobierno de Jaume Collboni asumió que el problema desborda el ámbito municipal, pero al mismo tiempo todos los grupos avalaron una respuesta inmediata en el espacio donde sí puede actuar el ayuntamiento, con más presencia policial en la calle.
Batlle situó el 90% de estos delitos en el entorno de las mafias de la droga
Albert Batlle, teniente de alcalde de Seguridad, vinculó la mayor parte de los hechos de este tipo a la actividad del narcotráfico. En la comisión afirmó que el 90% de los hechos delictivos de este tipo responden a las mafias de la droga, un terreno que, remarcó, excede la competencia municipal.
Batlle sostuvo además que el crecimiento de bandas delictivas relacionadas con la droga no afecta solo a Barcelona. Lo enmarcó en una evolución que también aparece en otras ciudades de Cataluña, de España y del resto de Europa.
"Las penas para los delitos contra la salud pública requieren una revisión en profundidad del Código penal" - Albert Batlle, teniente de alcalde de Seguridad, Ajuntament de Barcelona
La aprobación llegó después de que el tiroteo del carrer de la Mineria concentrara buena parte de la discusión política. La Marina de Port quedó así situada como uno de los escenarios que han reabierto la presión sobre el dispositivo de seguridad municipal.
Todos los grupos apoyaron la propuesta de Junts per Catalunya
La iniciativa que salió adelante partía de Junts per Catalunya y pedía aplicar medidas extraordinarias en Barcelona. El texto recibió el apoyo de todos los grupos municipales y también del gobierno de Collboni.
Jordi Martí Galbis, concejal de Junts per Catalunya, describió el momento como "una situación muy grave que crea alarma social" y reclamó "impulsar medidas extraordinarias". Su propuesta acabó convertida en un acuerdo unánime de la comisión.
Desde la oposición de izquierdas, Marc Serra, de BComú, respaldó mejorar la presencia de la GUB en los barrios. Jordi Coronas, de ERC, introdujo otro matiz al advertir de que la seguridad no pasa solo por más policía y más control.
También hubo críticas directas a la gestión política. Sonia Devesa, del PP, lamentó que el problema incluya "la incapacidad de los responsables políticos", mientras Gonzalo de Oro, de Vox, pidió al alcalde que dirija la "beligerancia contra quien roba o mata".
El acuerdo aprobado por unanimidad combina así dos mensajes en una misma sesión. Por un lado, refuerza la presencia de la Guàrdia Urbana en los puntos conflictivos de Barcelona y, por otro, recoge la tesis de Albert Batlle de que una revisión del Código penal es necesaria para los delitos contra la salud pública.