Junts, BComú y ERC han forzado una comisión extraordinaria de Derechos Sociales en el Ayuntamiento de Barcelona para frenar la llegada de Mossos de paisano a los institutos. El objetivo político es claro y urgente. Evitar que la prueba piloto diseñada por el Departamento de Educación se aplique en la capital catalana.
Ningún centro barceloní figura en la lista seleccionada por la Generalitat para este experimento. Aun así, los tres grupos consideran necesaria una intervención institucional inmediata para blindar a la ciudad frente a esta medida.
El consistorio debe instar a retirar el plan
Los partidos exigen al gobierno de Jaume Collboni que se pronuncie en contra de la iniciativa y presione a la Generalitat para su retirada. Consideran que no se trata de una acción puntual sino de un cambio estructural en el rol policial dentro del ámbito educativo.
"Esto transforma los centros en espacios de vigilancia" - Junts, BComú y ERC, comunicado conjunto
La advertencia incluye riesgos concretos para la comunidad escolar. Alertan de un posible deterioro de la convivencia y un debilitamiento de la relación educativa entre alumnos y profesorado. La presencia constante de agentes podría normalizar la intervención policial en conflictos cotidianos.
La evidencia internacional apunta a la criminalización de conductas menores cuando hay policías en las aulas. Este dato sustenta su rechazo frontal al modelo propuesto por el ejecutivo autonómico.
Rechazo sindical y fuga de centros
Los sindicatos educativos también han criticado duramente el plan piloto. Sostienen que tener policía en las escuelas no aportará nada positivo a la gestión diaria de los institutos. Reclaman más recursos pedagógicos en lugar de dispositivos de seguridad.
Cuatro centros ya han solicitado salir del programa ante la presión del entorno. Entre ellos destaca el Instituto Margarida Xirgu de L'Hospitalet de Llobregat. Los docentes de este instituto ya se han manifestado para mostrar su malestar.
Los profesores del Margarida Xirgu se han movilizado contra la iniciativa en una muestra temprana de resistencia organizada. Su acción refleja la tensión que genera la medida en el claustro.
Una alternativa basada en la prevención social
Frente a la presencia policial, los grupos proponentes defienden un modelo alternativo centrado en la prevención. Proponen aumentar el número de educadores sociales, psicólogos y orientadores en todos los centros educativos de la ciudad.
La propuesta incluye ampliar el número de vigilantes durante el horario de mediodía y las actividades extraescolares. También plantean reforzar los equipos de intervención social para abordar las desigualdades de base que afectan al alumnado.
El debate trasciende la seguridad para entrar en el terreno de la filosofía educativa. La comisión extraordinaria servirá para definir si Barcelona acepta o rechaza este nuevo paradigma de convivencia escolar impuesto desde fuera.