El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat registraron 592 infracciones laborales durante el ejercicio 2025 en el municipio. Los controles se centraron principalmente en empresas que operaban con trabajadores en situación administrativa irregular y con ausencias de alta en la Seguridad Social. La actuación policial e inspectora se desarrolló con intensidad en calles y locales del ámbito urbano, priorizando la vigilancia en establecimientos comerciales y espacios de trabajo dispersos por toda la capital catalana.
Sectores objetivo y cuantificación de las sanciones
Las actas de infracción se concentran mayoritariamente en el sector de la hostelería, las empresas dedicadas a reformas, los supermercados abiertos las veinticuatro horas y el transporte de mercancías. Cada expediente abierto conlleva una sanción media de 8.500 euros. La suma total de las penalizaciones económicas asciende a casi cinco millones de euros. Estos importes reflejan la gravedad de las omisiones detectadas en el cumplimiento de la normativa vigente.
Regularización y marco de colaboración institucional
Más allá de las multas, las inspecciones permitieron dar de alta en la Seguridad Social a 116 trabajadores que permanecían fuera del sistema. Esta cifra surge directamente del protocolo de colaboración establecido entre la Inspección de Trabajo de Cataluña y la Guàrdia Urbana de Barcelona. El acuerdo operativo facilita el intercambio de información y agiliza los registros en domicilios y centros de trabajo donde se sospecha la existencia de empleo no declarado.
"La coordinación demuestra que la lucha contra la precariedad laboral es más efectiva cuando se trabaja conjuntamente." - Raquel Gil, teniente de alcaldía de Promoción Económica y Empleo
"Potenciar este tipo de colaboraciones es un objetivo estratégico de la Inspección de Trabajo catalana, no solo por los buenos resultados que reporta, sino porque amplía la detección de presuntas irregularidades." - Laura Freixas, directora general de la Inspección de Trabajo de Cataluña
Los agentes continuaron sus patrullajes y registros durante todo el año para mantener la presión sobre los mercados más vulnerables. La administración local mantendrá vigentes los mecanismos de control para garantizar que las condiciones de contratación cumplan con la legislación vigente y proteger los derechos fundamentales de la plantilla trabajadora.