Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, ha respaldado la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de no renovar las 10.000 licencias de apartamentos turísticos cuando caduquen en 2028. La titular del departamento considera que esta medida es un ejemplo a seguir para otras urbes con alta presión turística.
La ministra avala el fin de las licencias turísticas
Rodríguez señala que la estrategia barcelonesa podría extrapolarse a ciudades como Málaga o Sevilla, así como a zonas del Pirineo con una fuerte demanda residencial. No obstante, aclara que esta fórmula no sería válida para aplicarse en todo el territorio nacional debido a las diferencias estructurales del mercado inmobiliario.
La responsable del ejecutivo central defiende la necesidad de intervenir en el sector para evitar que la especulación marque los precios. Su postura se alinea con las iniciativas que la Generalitat está desarrollando para regular la compra especulativa de vivienda.
"Se trata de gobernar el mercado, no que el mercado nos gobierne" - Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana
A pesar de reconocer la complejidad jurídica que rodea estas intervenciones, la ministra destaca el rigor con el que los grupos políticos y el gobierno catalán están abordando el asunto. Para Rodríguez, vale la pena dar el paso hacia una regulación más estricta del alquiler vacacional.
Cataluña opta a 1.015 millones hasta 2030
Más allá de la regulación turística, el Gobierno español preparará durante la segunda mitad de mayo la Conferencia Sectorial de Vivienda. El objetivo es aprobar los criterios de reparto del primer tramo de 800 millones de euros dentro del plan estatal de 7.000 millones destinado a paliar la crisis habitacional.
El ejecutivo central trabaja ya en los mecanismos administrativos para transferir una primera parte de estos fondos a partir de julio. Isabel Rodríguez ha manifestado su expectativa de que Cataluña sea una de las primeras comunidades autónomas en firmar el acuerdo de financiación.
La comunidad catalana podrá recibir alrededor de 120 millones de euros este año. En total, la región opta a un montante de 1.015 millones de euros hasta el año 2030 para ejecutar políticas de vivienda pública y ayudas al alquiler.
La ministra también ha puesto en valor el modelo de colaboración públicosocial impulsado en Barcelona. Este sistema permitió la adquisición de la Casa Orsola, un edificio emblemático que pasó a formar parte del parque de vivienda social de la ciudad.