El juzgado de instrucción número 6 de Tarragona ha admitido a trámite la querella presentada por la empresa Griñó Ecològic contra los impulsores del documental Insostenible, rere la brossa. Los cineastas y activistas deberán declarar como investigados el próximo mes de junio.
Los responsables de la pieza audiovisual comparecieron ayer en rueda de prensa para denunciar que la demanda constituye una estrategia legal diseñada para silenciar la participación pública. Acusan a la compañía de llenar el escrito de falsedades con el objetivo de desviar la atención de sus propios problemas judiciales.
La defensa denuncia intimidación y desvío del foco
Rafa Marrasé, director de Porta Enrere, aseguró que la iniciativa empresarial busca culpabilizar a los documentalistas de todos los males de la compañía. Marrasé afirmó que no se dejarán intimidar ni dejarán de hacer su trabajo de investigación periodística y social.
"Griñó ha iniciado un proceso para culparnos de todos sus males" - Rafa Marrasé, director de Porta Enrere
Christophe Sion, director de Hokusai Films y del documental, explicó que la querella ha logrado cambiar el debate público. En lugar de discutir sobre el fondo del problema ambiental, el foco se ha desplazado hacia quienes han investigado el caso.
Sion subrayó que esta situación envía un mensaje claro sobre los riesgos de ejercer el periodismo de investigación. El coste personal y legal de estos trabajos puede resultar prohibitivo para colectivos sin grandes recursos.
Investigaciones paralelas y detenciones previas
Mientras avanza esta causa contra los autores del filme, la compañía Griñó Ecològic enfrenta sus propias dificultades legales. El juzgado de instrucción número 4 de Tarragona investiga a la empresa por un presunto delito contra el medio ambiente y falsedad documental.
La tensión judicial tiene antecedentes recientes. En enero de 2025, la Guàrdia Civil detuvo a quince personas acusadas de pertenecer a una organización criminal internacional dedicada al tráfico ilícito de residuos urbanos. Esta operación policial ocurrió un año y medio después de la emisión del documental.
Xavier Jiménez, presidente del Gepec-EdC, calificó la acción de la empresa como un intento de desarticular a personas que realizan un trabajo libre e independiente. Rechazó frontalmente la acusación de ser una organización criminal y recordó que en 2005 fueron declarados de utilidad pública por el gobierno central.
"Es para desarticular a personas que hacen un trabajo libre e independiente de situaciones problemáticas y molestas" - Xavier Jiménez, presidente del Gepec-EdC
Gerard Jara, presidente de la Fundació Jara Barceló, criticó la acusación de conflicto de intereses incluida en la querella. Aseguró que hasta la realización del documental no conocía a la empresa Griñó.
Griñó Ecològic emitió un comunicado rechazando las acusaciones vertidas en la rueda de prensa. La compañía defiende la transparencia de sus operaciones y se considera víctima de una campaña organizada de desprestigio destinada a dañar su reputación ante las autoridades.