El juicio por el caso Innova empieza este lunes en la Audiencia de Tarragona, catorce años después de que estallara la investigación sobre las irregularidades en la construcción del Hospital Sant Joan de Reus. La causa llega con peticiones de hasta diez años de prisión y con la primera jornada dedicada a resolver las cuestiones previas de la pieza principal y de la segunda pieza separada.
La vista oral se abre después de un aplazamiento en mayo de 2024 por motivos de salud de uno de los acusados. En el banquillo figuran el exalcalde de Reus Lluís Miquel Pérez, el exdirector general de Innova Josep Prat, el exdirector del CatSalut Carles Manté, el arquitecto Jorge Batesteza y otros cuatro procesados.
La Fiscalía pide hasta diez años y multas de 200.000 euros
La Fiscalía acusa a los procesados de prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad documental y tráfico de influencias. También reclama inhabilitación y multas de hasta 200.000 euros.
La acusación particular del Ayuntamiento de Reus y la acusación popular de la CUP se suman al proceso, junto a las defensas.
El caso se centra en los contratos vinculados a la construcción del hospital, encargada a Innova, sociedad municipal creada en 2002.
Según el ministerio público, Innova adjudicó contratos clave a la UTE Euroconsult Catalunya AXXO Gestión Proyectos con una omisión total y absoluta del procedimiento legal establecido.
Carles Manté facturó más de 720.000 euros a través de CCM Estratègies i Salut entre 2009 y 2011 sin contrato vigente ni informes que justificaran los trabajos.
Jorge Batesteza cobró cerca de 387.000 euros a Innova y, al mismo tiempo, trabajó para la UTE contratista mediante BBATS Consulting Projects.
De los 43 informes exigidos, Batesteza entregó solo cuatro.
El juzgado envió la causa a juicio en marzo de 2019
El juzgado número 3 de Reus remitió la causa a la Audiencia de Tarragona en marzo de 2019, después de siete años de instrucción.
Antes había archivado otras líneas de investigación, entre ellas las piezas tres, cinco y diez y la relativa a las prótesis de Traiber.
Entre los nombres que llegan a la vista también aparecen Natalia Torrell, Ester Ventura, Jose Vicente Gómez y Sergi Luqui, representante de la UTE Euroconsult Catalunya AXXO Gestión Proyectos.
El ministerio público pide además la devolución de más de 720.000 euros vinculados a los pagos a Manté y otros 186.400 euros por contratos irregulares.
Las cantidades que reclama la Fiscalía suman importes que considera indebidamente apropiados y desviados del erario público.
La primera sesión servirá para encauzar el debate procesal antes de que el tribunal entre en el fondo de una causa que ha tardado catorce años en llegar a juicio.