El centro penitenciario de Mas d'Enric ha intervenido 106 teléfonos móviles durante los primeros meses de 2025. Esta cifra consolida al establecimiento como uno de los focos principales de entrada ilegal de tecnología en el sistema carcelario catalán.
La tendencia muestra una ligera bajada respecto al pico histórico registrado en 2022. En aquel ejercicio las autoridades requisaron 151 dispositivos en el módulo de Tarragona, según los datos del Sistema d'Informació Penitenciari Català (SIPC).
Quatre Camins lidera el decomiso de terminales ilegales
El panorama global revela disparidades significativas entre los diferentes centros. La prisión de Quatre Camins acumula los registros más elevados con 331 móviles incautados en lo que va de año. Le sigue Brians 2 con 109 unidades y Brians 1 con 63.
Lledoners reporta 83 intervenciones mientras Puig de les Basses alcanza la cifra de 86. Estos números reflejan la persistencia del contrabando a pesar de los controles reforzados tras el fin de las restricciones sanitarias.
"Los teléfonos permiten coordinar tráfico de drogas y gestionar cobros" - Portavoz del Departamento de Justicia, Generalitat de Catalunya
La posesión de estos aparatos facilita la conexión directa con redes criminales externas. Los internos utilizan los terminales para intimidar a víctimas o grabar vídeos del interior de las celdas.
Una red criminal operaba desde dentro de la cárcel
La gravedad del asunto trasciende la mera tenencia de objetos prohibidos. Una operación conjunta de la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra desarticuló el pasado año dos organizaciones que usaban Mas d'Enric como base logística.
Las pesquisas partieron del seguimiento a una familia de Reus vinculada al narcotráfico. Los agentes detectaron la introducción sistemática de móviles junto a hachís y cocaína.
Las escuchas telefónicas confirmaron la complicidad de un funcionario. Este empleado facilitaba el acceso de los dispositivos y las sustancias estupefacientes a los reclusos.
La estructura mantenía su capacidad operativa gracias a esta comunicación fluida. La red llegó a mover hasta 100 kilos de cocaína al mes mientras sus líderes cumplían condena.
El caso ejemplifica cómo la tecnología móvil rompe el aislamiento penal. La investigación judicial continúa para determinar el alcance total de la trama y las responsabilidades penales derivadas.