El Lleida CF ha cerrado un acuerdo definitivo con un inversor externo que asumirá la deuda derivada del procedimiento concursal. Esta inyección de capital garantiza la viabilidad jurídica y económica inmediata de la entidad blaugrana, poniendo fin a meses de incertidumbre institucional.
La operación financiera permite al club regularizar su situación frente a las administraciones públicas. El nuevo socio aportará los fondos necesarios para liquidar los impagos acumulados ante la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, desbloqueando así la supervivencia del club más allá de los resultados deportivos.
El plan de pagos estructura 5,5 millones en siete años
La deuda global de la entidad asciende a 5,5 millones de euros según los datos facilitados por la dirección deportiva. De esta cantidad total, 2,5 millones corresponden exclusivamente a las cuotas devengadas con la Seguridad Social entre los ejercicios 2019 y 2025.
El acuerdo establece un calendario de amortización a siete años para Hacienda, la Tesorería General de la Seguridad Social y el resto de acreedores ordinarios. Esta estructuración temporal busca compatibilizar el saneamiento de balance con la operativa diaria del primer equipo y las categorías inferiores.
Marc Torres, adjunto a la presidencia del Lleida CF, advirtió en marzo durante su participación en el programa '+Lleida' de Lleida TV sobre la desconexión entre la pista y la oficina.
"el futuro del club no va ligado a la situación deportiva" - Marc Torres, adjunto a la presidencia del Lleida CF
Esta afirmación subraya la prioridad absoluta que la directiva otorga a la resolución administrativa frente a cualquier consideración competitiva. La estabilidad institucional se presenta como el prerrequisito indispensable para cualquier proyecto deportivo futuro.
Un desembolso inicial de 1,8 millones resulta innegociable
La viabilidad del convenio depende del abono inmediato de una primera partida. Torres detalló que es imprescindible ejecutar un pago inicial de 1,8 millones de euros antes de que finalice la temporada actual.
Este desembolso se distribuye en 1,1 millones destinados a la Seguridad Social y 700.000 euros para Hacienda. La dirección del club ha calificado esta cifra como innegociable para evitar medidas ejecutivas que pudieran comprometer la licencia federativa o la continuidad en la competición.
La entrada del inversor coincide con una simplificación del panorama judicial del club. El procedimiento vinculado al expresidente Albert Esteve ha quedado circunscrito a la vía civil tras la retirada de la acusación penal.
No obstante, la entidad mantiene impugnada esta deriva en la jurisdicción contencioso-administrativa. La estrategia legal busca blindar al club de responsabilidades personales ajenas a la gestión actual mientras se ejecuta el plan de viabilidad.
La directiva ha hecho público su agradecimiento a abonados, aficionados y colaboradores locales. Su respaldo financiero y moral durante los últimos años ha permitido sostener la estructura básica hasta la cierre de esta operación de rescate.
El club convocará una rueda de prensa en los próximos días para exponer los detalles técnicos del acuerdo. Las fuentes internas apuntan al próximo miércoles como la fecha más probable para comparecer ante los medios y confirmar la identidad del inversor.