El pleno del Ajuntament de Tarragona aprobó este viernes sancionar a FCC con 140.000 euros por la crisis de los contenedores del pasado otoño, una cuantía que queda muy por debajo de los 335.000 euros planteados al inicio del expediente. La rebaja llegó después de que el consistorio aceptara parcialmente las alegaciones de la antigua concesionaria.
La distancia entre el colapso que vivió la ciudad entre finales de octubre y principios de noviembre y la reducción del castigo centró el choque político en la Plaça de la Font. ERC cuestionó que, tras las montañas de residuos acumuladas durante Tot Sants y el cambio de FCC a Urbaser, el gobierno municipal recortara un 60% la sanción prevista.
El Ayuntamiento mantuvo 65.000 euros por octubre y rebajó a 75.000 la crisis de noviembre
La propuesta inicial fijaba una multa de 335.000 euros. De esa cantidad, 65.000 euros correspondían a 282 servicios no prestados en octubre y otros 270.000 euros a la crisis de contenedores registrada entre el uno y el cuatro de noviembre.
Finalmente, el Ayuntamiento mantuvo la penalización por los incumplimientos de octubre y redujo la parte vinculada al desbordamiento de residuos a 75.000 euros. El expediente municipal quedó así cerrado con una sanción total de 140.000 euros.
El motivo de discrepancia se situó en la exigencia municipal de que los 120 vehículos de la flota tuvieran pasada la ITV y las inspecciones correspondientes antes del cuatro de noviembre, la fecha fijada para el relevo en la concesión.
FCC sostuvo en sus alegaciones que los servicios no prestados respondieron a requerimientos e instrucciones municipales ligados al proceso de reversión. La empresa también alegó la nulidad de los informes del Ayuntamiento porque los redactó una técnica que, según su versión, había mantenido litigios previos con la concesionaria.
ERC cargó contra la rebaja y Sonia Orts la vinculó al bloqueo del nuevo contrato
La votación salió adelante con los votos de PSC, PP y Junts per Catalunya. Se abstuvieron los tres concejales no adscritos, En Comú Podem y Vox, mientras que ERC votó en contra.
Xavier Puig, portavoz de ERC, criticó con dureza la reducción de la cuantía y vinculó la decisión al trato del ejecutivo municipal con la empresa saliente.
"No entendemos esta rebaja. La ciudad sufrió una situación con montañas de residuos. No comprendemos que les tiemblen las piernas ante una empresa que facturaba más de 20 millones de euros" - Xavier Puig, portavoz de ERC, Ajuntament de Tarragona
En la misma intervención, Puig acusó al ejecutivo de la Plaça de la Font de "defender más a los lobby que a la ciudadanía". La respuesta llegó desde el área de Neteja Pública, donde Sonia Orts reprochó a ERC su actuación en la fase previa del nuevo contrato.
"Me quedé sin palabras. Ustedes nos pusieron todas las piedras posibles en el camino para el nuevo contrato" - Sonia Orts, concejal de Neteja Pública, Ajuntament de Tarragona
Orts añadió que el actual gobierno ha ejecutado sanciones contra la antigua concesionaria y recordó que, con Ivana Martínez, un ejecutivo socialista fue el primero en multar a la gestora. Puig replicó después que ERC ya había impuesto una sanción de 250.000 euros a FCC durante su etapa de gobierno.
FCC ya ha anunciado que presentará recurso y que acudirá a los tribunales con el objetivo de anular por completo la sanción de 140.000 euros.