La Audiencia de Tarragona ha absuelto al auditor Juan Carlos Torres, su firma BDO, la aseguradora Mapfre y al exdirector de la sección de crédito de la Cooperativa de l'Aldea, Enric Sabaté, después del acuerdo económico alcanzado con la entidad y la Plataforma de Afectados en la causa por la quiebra de la cooperativa.
El pacto llega catorce años después del inicio de la investigación y tras una compensación de 880.000 euros que ha permitido a los perjudicados personados recuperar el 100% de las cantidades reclamadas. Esa reparación civil ha dejado fuera del juicio a cuatro acusados, pero el procedimiento sigue adelante para otros cuatro procesados.
El acuerdo redujo de once a cuatro la lista de acusados
Mapfre, Torres y BDO han consignado 753.089 euros para la Cooperativa de l'Aldea y 126.911 euros para siete afectados personados en la causa. A esa cantidad se suman 12.500 euros consignados por Enric Sabaté para facilitar también su exclusión del procedimiento.
Alberto Venegas, abogado de la Plataforma de Afectados, explicó durante la vista que la acusación particular se aparta del caso tras quedar satisfecha la vía civil.
"Esta parte se aparta del procedimiento. No tenemos encomendada exclusivamente la acción penal y la acción civil ha quedado completamente agotada respecto a los demandantes, ya que los afectados han recuperado el 100 % de las cantidades" - Alberto Venegas, abogado de la Plataforma de Afectados
En la misma línea, el abogado Xavier Faura afirmó que, como consecuencia del acuerdo, la plataforma retira la acusación y deja de acusar a nadie. La magistrada acordó a continuación la absolución de Torres, BDO, Mapfre y Sabaté.
La causa había llegado a juicio con once acusados, pero tras este movimiento el procedimiento queda ahora reducido a cuatro procesados. Entre ellos sigue el exgerente Daniel Ferré, a quien la Fiscalía atribuye supuestos delitos de falsedad contable, falsedad en documento mercantil, insolvencia punible y administración desleial.
La Fiscalía mantuvo la acusación contra Daniel Ferré y pidió 14,5 años
Para Ferré, el ministerio público reclama catorce años y medio de prisión y una responsabilidad civil de 1,64 millones de euros. También continúan acusados los proveedores Xavier y David Casas y la antigua proveedora Maria Teresa Melquíades Jiménez.
Las defensas de estos tres últimos han pedido la prescripción de las facturas o su exclusión del caso en una vista de cuestiones previas celebrada en la antigua prisión de Tarragona, un escenario elegido por falta de espacio en la Audiencia Provincial.
El fiscal Xavier Jou se adhirió a la retirada de las acusaciones particulares y pidió que el tribunal tenga en cuenta la vulneración del derecho a un juicio sin dilaciones indebidas, en una investigación abierta desde hace catorce años. Esa demora ya había condicionado otras derivadas del caso, como la quiebra de la cooperativa y los procesos de reclamación por los ahorros atrapados.
Fuera de la antigua prisión, el alcalde de l'Aldea, Xavier Royo, valoró de forma positiva que una parte importante de los afectados haya recuperado dinero, aunque recordó que el proceso ha sido tan largo que algunos perjudicados han fallecido antes de ver una resolución.
"Valoramos positivamente que buena parte de la gente haya recuperado parte de sus ahorros. Esperamos que la justicia reparta responsabilidades a quien corresponda y que al final acabe una de las historias más negras que hemos tenido en el municipio. Ya empezamos a ver la luz al final del túnel" - Xavier Royo, alcalde de l'Aldea
Royo añadió que la decisión de mantener viva la cooperativa permitió cerrar acuerdos como el pago de 3 millones de Caixabank para afrontar deudas, una vía con la que algunos afectados recuperaron entre el 50% y la mayor parte de sus ahorros.
La primera sesión del juicio oral, centrada en las cuestiones previas, terminó con la continuación de la vista fijada para el próximo martes 9 de junio en Tarragona.