La Audiencia de Tarragona juzga desde este lunes el caso Innova por las supuestas irregularidades en la construcción del Hospital Sant Joan de Reus, una causa que arranca catorce años después de su inicio y sienta en el banquillo a ocho acusados, entre ellos el exalcalde Lluís Miquel Pérez y el exdirector general de Innova Josep Prat.
El retraso convive con una petición de penas elevadas por parte de la Fiscalía, que reclama entre siete y diez años de prisión por prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y tráfico de influencias en contratos vinculados a una empresa municipal con capital íntegramente público.
La Fiscalía pide hasta diez años por contratos firmados para el hospital de Reus
Entre los acusados figuran también el exdirector del CatSalut Carles Manté, el arquitecto Jorge Batesteza, las trabajadoras de Innova Natalia Torrell y Ester Ventura, el trabajador Jose Vicente Gómez y Sergi Luqui, representante de la UTE Euroconsults Catalunya AXXO Gestión Proyectos.
El 11 de mayo arrancarán las cuestiones previas en la Audiencia de Tarragona.
La Fiscalía solicita ocho años de prisión e inhabilitación absoluta durante 20 años para Pérez, Prat, Manté y Batesteza. Además, pide una multa de 200.000 euros para el exalcalde de Reus por un delito de tráfico de influencias.
Para Natalia Torrell, Ester Ventura y Jose Vicente Gómez reclama siete años de prisión e inhabilitación absoluta durante 15 años. En el caso de Sergi Luqui, la petición es de siete años de cárcel y 12 años de inhabilitación.
Innova firmó en 2007 los contratos y mantuvo encargos tras ceses en CatSalut
La empresa municipal Innova se constituyó el 27 de marzo de 2002 con capital íntegramente público y, por esa condición, estaba sometida a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En ese marco, los contratos para redactar el proyecto, dirigir y ejecutar las obras del hospital y ejercer de Project Manager quedaron adjudicados a la UTE Euroconsults Catalunya AXXO Gestión Proyectos.
Los contratos se firmaron el 12 de marzo de 2007.
Ese día rubricaron la documentación Lluís Miquel Pérez y Sergi Luqui. El escrito del ministerio fiscal sitúa además en la causa a Carles Manté y Jorge Batesteza por contrataciones posteriores a su salida de cargos ligados al ámbito sanitario público.
Manté facturó a Innova 720.120,82 euros más IVA a través de CCM Estratègies i Salut, SL, sin seguir, siempre según la Fiscalía, el procedimiento legal de contratación pública ni aportar los informes de evolución de trabajos exigidos.
Sobre ese contrato, el ministerio público sostiene que se adjudicó con una omisión total y absoluta del procedimiento legal establecido. En paralelo, atribuye a Batesteza tres contratos con Innova tras su cese como gerente de Infraestructuras del CatSalut.
Batesteza cobró 387.000 euros más 8.954,51 euros en desplazamientos.
La Fiscalía cifra además en al menos 186.400 euros el sobrecoste para las arcas públicas derivado de todos los contratos atribuidos al arquitecto.
La acusación reclama dos devoluciones a Innova por 720.120,82 y 186.400 euros
El escrito del ministerio fiscal añade que Lluís Pérez, Carles Manté y Jorge Batesteza acordaron con una persona no determinada de la Consejería de Salud que mantendrían el mismo nivel de ingresos tras dejar sus cargos. Esa afirmación forma parte de la base acusatoria sobre la que arrancará el juicio.
En la pieza económica, la Fiscalía reclama a Pérez, Prat, Torrell, Ventura y Manté el pago solidario de 720.120,82 euros a Innova. A Pérez, Prat, Batesteza, Gómez y Luqui les reclama de forma conjunta otros 186.400 euros.
BBATS Consulting Projects SLP figura en la causa como responsable subsidiaria de esa segunda cantidad de 186.400 euros.