El Ayuntamiento de Reus aprobó el viernes 15 de mayo una modificación de la ordenanza fiscal del IBI para incentivar la promoción de vivienda asequible en la ciudad. El cambio incorpora una bonificación de hasta el 95% de la cuota para viviendas protegidas vinculadas al Pla 50.000 de la Generalitat de Catalunya, siempre que se destinen a alquiler social y sean declaradas de especial interés o utilidad municipal.
La medida llega con una paradoja incorporada. El mismo acuerdo municipal recoge que en ningún caso puede repercutirse el IBI ni los costes de reparación, mantenimiento o mejora que correspondan a la propiedad, una limitación que el consistorio admite que puede desincentivar a los inversores que se acojan al plan pese al nuevo incentivo fiscal.
La nueva ayuda del IBI obliga a elegir entre el 95% y la bonificación ya vigente
La bonificación aprobada para las promociones vinculadas al Pla 50.000 no se acumulará con la ya existente para la vivienda protegida. Los propietarios tendrán que optar por uno de los dos beneficios fiscales previstos en la ordenanza.
Hasta ahora, la normativa vigente mantenía una bonificación del 50% del IBI entre el primer y el décimo año, y del 25% entre el undécimo y el decimoquinto. Con la reforma, Reus abre la puerta a una rebaja de hasta el 95%, pero solo para los inmuebles protegidos destinados a alquiler social dentro del plan impulsado por la Generalitat de Catalunya.
Además, la resolución del plan fija una condición que afecta al equilibrio económico de las promociones. La norma establece de forma expresa que la propiedad no puede trasladar ni el IBI ni los costes asociados a obras de reparación, mantenimiento o mejora.
El propio ayuntamiento enmarca ahí el posible freno a la inversión. La corporación municipal sostiene que esa imposibilidad crea un régimen diferenciado para estas viviendas y que puede tener efectos desincentivadores entre quienes estudien acogerse al programa.
Reus recuperó el tope de 25.000 euros en la tasa de actividades
En la misma sesión, el pleno aprobó también modificar la tasa de actividades. El cambio restablece un límite máximo de cuota de 25.000 euros.
La finalidad de ese tope pasa por garantizar la proporcionalidad tributaria y ajustar los ingresos municipales al coste previsible del servicio. El acuerdo se tramitó junto a la reforma del IBI y a los cambios en la tasa de cementerio.
La tasa de cementerio rebajó a 50 años la duración de las nuevas concesiones
Otro de los acuerdos aprobados fija un régimen transitorio para la tasa de cementerio que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2031. Durante ese periodo podrán regularizarse concesiones antiguas con tarifas reducidas.
Al mismo tiempo, el ayuntamiento adapta la duración máxima de las nuevas concesiones a 50 años, frente a los 75 años anteriores, de acuerdo con la Ley 33/2003.