El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga al exconseller Joan Ignasi Elena y al exlíder de los Comuns Joan Herrera por presuntas irregularidades en contratos menores del Ayuntamiento de Altafulla adjudicados entre 2017 y 2019, durante la alcaldía de Fèlix Alonso.
La causa no se centra tanto en el volumen de las adjudicaciones como en el procedimiento utilizado. El juzgado analiza indicios de prevaricación administrativa y un posible fraccionamiento de contratos para evitar la concurrencia pública en encargos externos como asesoramientos jurídicos y la redacción de pliegos técnicos.
Jordi Molinera dijo en RAC1 que la investigación era previsible
El actual alcalde de Altafulla, Jordi Molinera, aseguró en una entrevista en RAC1 que la apertura de esta línea judicial no le sorprendió. En sus palabras, el avance del caso encaja con sospechas que su grupo ya mantenía cuando estaba en la oposición.
"No me ha sorprendido. Nos imaginábamos que empezaría una cascada" - Jordi Molinera, alcalde de Altafulla
Molinera añadió en la misma entrevista que, antes de llegar al gobierno municipal, ya habían detectado otras contrataciones con vínculos entre adjudicatarios y el entorno de los Comuns. También sostuvo que esos encargos acababan en personas relacionadas con ese espacio político.
Además, vinculó el origen del conflicto a la actuación de la Oficina Antifraude en 2022. El alcalde afirmó que los Comuns ocultaron esas visitas a la ciudadanía en un periodo previo a las elecciones y sostuvo que ese comportamiento perjudicó al municipio.
La causa examina contratos menores adjudicados entre 2017 y 2019
La investigación pone el foco en contratos menores del consistorio de Altafulla tramitados entre 2017 y 2019. En ese periodo, Fèlix Alonso ocupaba la alcaldía y el ayuntamiento recurrió a servicios externos para tareas como asesoramiento jurídico y elaboración de pliegos técnicos.
El tribunal trata de aclarar si esos encargos se dividieron de forma artificial para eludir los procedimientos de concurrencia pública. Ese posible fraccionamiento es uno de los elementos centrales de la causa junto a los indicios de prevaricación administrativa.
Molinera resumió esa sospecha en RAC1 al afirmar que el problema no radica tanto en la cantidad adjudicada como en la forma en que se hicieron los contratos. La investigación sigue abierta con carácter provisional mientras el tribunal practica diligencias para determinar posibles responsabilidades penales.