El Ministerio de Hacienda ha dado por cerrado el proceso de devoluciones en el IRPF para antiguos afiliados a mutualidades laborales, tres años después de la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2023. La Agencia Tributaria ha resuelto el 95% de las solicitudes válidas tras revisar 2,5 millones de expedientes y pagar cerca de 3.500 millones de euros.
El cierre llega con una brecha que afecta a miles de reclamantes. Mientras el volumen abonado casi ha duplicado la previsión inicial de 1.700 millones, unas 800.000 solicitudes han quedado fuera por la imposibilidad de acreditar con documentos aportaciones realizadas entre 1967 y 1978 a mutualidades o empresas que ya no existen.
Hacienda cerró el proceso tras pagar 3.500 millones y revisar 2,5 millones de expedientes
La regularización fiscal arrancó a partir del fallo del Supremo de febrero de 2023, que abrió la puerta a corregir tributaciones indebidas en el IRPF de antiguos mutualistas. Desde entonces, la Agencia Tributaria ha tramitado una revisión masiva que ha terminado con el 95% de las solicitudes válidas ya resueltas.
El importe desembolsado ha alcanzado casi 3.500 millones de euros. La cifra supera ampliamente la estimación inicial de 1.700 millones y refleja el alcance económico de un procedimiento que ha afectado a pensionistas y exafiliados en todo el Estado.
Ahora solo quedan casos puntuales sin abonar por errores en la presentación electrónica o por documentación incorporada de forma reciente. Fuera de esos supuestos, Hacienda da por concluido el grueso del proceso.
Unas 800.000 reclamaciones quedaron fuera por falta de pruebas de aportaciones anteriores a 1978
El principal bloqueo no ha estado en la tramitación actual, sino en la prueba de hechos muy antiguos. La Agencia Tributaria no ha atendido alrededor de 800.000 solicitudes porque sus titulares no han podido acreditar aportaciones hechas entre 1967 y 1978 a mutualidades laborales o a empresas desaparecidas.
Fuentes oficiales del organismo han confirmado que la mayoría de los expedientes pendientes o rechazados responden a esa dificultad objetiva para reunir documentos de la época. En muchos casos, los archivos históricos ya no existen o no permiten reconstruir las cotizaciones con el detalle exigido.
Para los mutualistas de Tarragona incluidos en ese grupo, el efecto práctico es el cierre definitivo de sus reclamaciones. La falta de archivos previos a 1978 impide sostener expedientes que dependen de documentos hoy inexistentes o inlocalizables.
La sentencia del Supremo que originó todo el proceso se dictó en febrero de 2023, y tres años después la Agencia Tributaria mantiene solo expedientes residuales ligados a incidencias telemáticas o a documentación aportada recientemente.