La investigación judicial del llamado Caso Zapatero sitúa a Tarragona en el foco por una supuesta comisión pactada en torno al proyecto de Hard Rock. La causa apunta a que la constructora Aldesa acordó con una sociedad vinculada al entorno del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero un pago para intermediar en la operación.
El dato que concentra la atención es el porcentaje fijado en ese acuerdo. La comisión pactada era del 3%, la misma cifra asociada al Caso del 3%, la trama de presunta corrupción y financiación ilegal vinculada a Convergència por pagos de alrededor de ese porcentaje a cambio de adjudicaciones públicas de la Generalitat de Catalunya y de ayuntamientos gobernados por CDC.
El proyecto de Hard Rock sigue sin arrancar en Vila-seca y Salou
La causa judicial conecta esa presunta intermediación con el macrocomplejo de ocio proyectado entre Vila-seca y Salou, uno de los desarrollos más debatidos de la Costa Daurada en los últimos años. Pese a su dimensión y a la larga tramitación política y administrativa, el complejo no se ha materializado por ahora.
El señalamiento a Aldesa y a una sociedad del entorno de Zapatero aparece así ligado a una operación que continúa sin ejecución real sobre el terreno. Esa distancia entre la comisión investigada y la ausencia de proyecto acabado coloca de nuevo el foco sobre todo lo que rodeó la gestación de Hard Rock en Tarragona.
La comisión investigada reproduce el 3% de otra trama de presunta corrupción
La cifra no es un detalle menor dentro del caso. El 3% coincide con el porcentaje que dio nombre al Caso del 3%, en el que diversas constructoras habrían pagado comisiones de alrededor de ese volumen para obtener adjudicaciones públicas.
En aquella trama, las adjudicaciones bajo sospecha afectaban tanto a la Generalitat de Catalunya como a ayuntamientos gobernados por CDC. Ahora, la investigación sobre Hard Rock incorpora esa misma referencia porcentual en una operación vinculada a Vila-seca y Salou, aunque en un contexto distinto y bajo una causa judicial diferente.
El macrocomplejo al que se asocia la presunta intermediación estaba previsto precisamente en Vila-seca y Salou, en Tarragona, y a día de hoy sigue sin haberse materializado, mientras la comisión investigada en la causa quedó fijada en el 3%.