La CUP acudió este martes a la Audiencia de Tarragona para el arranque del juicio oral del caso Innova, en el que ejerce la acusación popular, con una doble exigencia sobre la mesa. La formación reclama condenas para quienes cometieron los hechos investigados y, al mismo tiempo, responsabilidades políticas por la gestión del Ayuntamiento de Reus durante el periodo analizado.
El inicio de la vista llega además con una de las derivadas más sensibles del procedimiento ya encarrilada. Josep Prat y Jorge Batesteza alcanzaron conformidades con la Fiscalía que implican el reconocimiento de hechos delictivos y la aceptación de penas, aunque su contenido no se conocerá hasta el final del juicio.
La CUP pidió condenas y señaló la gestión del PSC en Reus
Aleida López, concejala de la CUP en Reus, sostuvo ante los medios que la formación busca que el juicio termine con condenas para quienes “realmente cometieron estos delitos” y que también se asuman responsabilidades políticas. En su intervención, vinculó el caso con la etapa en la que el PSC encabezó durante años el Ayuntamiento de Reus.
"Lo que queremos es que el juicio acabe condenando a quienes realmente cometieron estos delitos y sobre todo que se asuman responsabilidades políticas" - Aleida López, concejala de la CUP en Reus
López añadió que no se puede trasladar la idea de que nadie sabía qué estaba ocurriendo y rechazó que no se exijan responsabilidades ante la ciudadanía por aquella gestión municipal. La CUP mantiene que deben depurarse responsabilidades políticas por las decisiones adoptadas durante el periodo investigado en el consistorio reusense.
En esa línea, la formación recordó que el Tribunal de Cuentas dictó en 2018 una resolución que obligó a Josep Prat a indemnizar al Ayuntamiento de Reus con 900.120 euros por facturas no justificadas. La referencia a esa resolución se incorpora como uno de los antecedentes que la CUP sitúa alrededor del caso.
Aleida López vinculó el caso con la austeridad y Pellicer amplió la crítica al PSC
Durante su comparecencia, López defendió que las consecuencias de la corrupción acabaron recayendo sobre “la gente normal” y relacionó el caso con una década de políticas de austeridad en Reus dirigidas a saldar la deuda municipal. A su juicio, ese proceso tuvo efectos directos sobre la inversión pública y sobre la plantilla del Ayuntamiento.
"Las personas que trabajaban en el consistorio veían cómo sus condiciones empeoraban" - Aleida López, concejala de la CUP en Reus
La edil situó ese deterioro en las condiciones laborales como una de las secuelas del periodo investigado. También criticó la duración de la instrucción, que se ha prolongado casi 15 años, al entender que favorece a quienes disponen de más recursos para alargar el procedimiento.
Según expuso, esa demora permite dilatar la investigación, reduce garantías del proceso judicial y puede acabar rebajando las condenas por el paso del tiempo. Desde el Parlament, el diputado de la CUP Xavi Pellicer extendió la crítica al PSC y afirmó que la formación arrastra una corrupción “estructural” desde los años 2000, citando los casos Innova, Inipro y Mercuri.
Las penas aceptadas por Josep Prat y Jorge Batesteza tras sus acuerdos con la Fiscalía se darán a conocer al final del juicio oral que acaba de comenzar en la Audiencia de Tarragona.