Los sistemas de verificación de edad en internet ganan terreno en distintos países con una exigencia común: pedir a los usuarios que entreguen datos personales sensibles a terceros para poder acceder a contenidos o servicios en la red.
La contradicción aparece en el propio diseño de estas medidas. Nacen con el argumento de proteger a los menores, pero concentran información privada en bases de datos que pasan a ser un objetivo para filtraciones, ciberataques y usos indebidos, incidentes que ya se han producido en varias ocasiones.
La verificación de edad obliga a ceder datos sensibles para navegar
Los legisladores de varios países están implantando normas que fuerzan la comprobación de edad en línea como requisito de acceso a internet o a determinados espacios digitales. Ese modelo traslada a empresas o intermediarios la recepción y tratamiento de información personal especialmente delicada.
La acumulación de esos datos añade un nuevo punto de riesgo. Cuando la información queda centralizada, aumenta el interés para atacantes y también la posibilidad de reutilizaciones ajenas al fin inicial con el que fue recabada.
En ese debate interviene la Electronic Frontier Foundation, conocida por sus siglas EFF, una organización estadounidense sin ánimo de lucro con estatus 501(c)(3) y sostenida por sus miembros. La entidad mantiene una campaña contra la verificación de edad y contra los sistemas de identificación obligatoria en internet.
EFF sostiene que las normas también amplían la censura y la vigilancia
La organización trabaja con legisladores para impulsar políticas alternativas, desarrolla tareas de educación pública y se opone a propuestas de verificación de edad en distintos países. Su posición parte de una objeción doble: la exposición de datos privados y el uso político de estas normas.
EFF afirma que las nuevas regulaciones restrictivas sirven además para justificar mecanismos de censura gubernamental y para ampliar la vigilancia digital. En ese marco, la discusión ya no queda limitada al acceso de menores a contenidos, sino que alcanza al control de la identidad en la red.
La entidad sostiene su actividad con aportaciones de sus miembros y señala que las donaciones pueden deducirse de impuestos en los términos que permite la ley. Además, ha recibido las máximas calificaciones de Charity Navigator desde 2013, un dato que la organización presenta como aval de supervisión externa.