Japón ha aprobado una reforma de su ley de protección de la información personal para facilitar el despliegue de sistemas de inteligencia artificial. La enmienda introduce un cambio de fondo en el tratamiento de los datos y sitúa al país en un modelo de consentimiento presunto, en el que las organizaciones podrán recopilar datos personales sin pedir autorización expresa.
La nueva regulación parte de que el permiso se entiende concedido por defecto. Ese enfoque acerca a Japón al esquema aplicado en Estados Unidos y lo aleja del modelo europeo, donde la negativa se presume mientras no exista un consentimiento claro del afectado.
Consentimiento presunto y sin salida general del sistema
La reforma no contempla una vía general para que los ciudadanos queden fuera del sistema de recopilación de datos. Además, cuando las autoridades entiendan que una aplicación está justificada, no existirá opción para excluirse.
El ministro de Transformación Digital, Hisashi Matsumoto, ha defendido ese diseño al considerar que una alternativa general de exclusión supondría un freno para la implantación de estas tecnologías.
"Supondría un obstáculo para la adopción de los sistemas de inteligencia artificial" - Hisashi Matsumoto, ministro de Transformación Digital
Límites teóricos y uso de datos sensibles
La enmienda fija unos límites formales sobre qué información puede utilizarse. Se consideran admisibles los datos que no afecten a derechos individuales y también aquellos empleados como estadísticas con fines de investigación.
Si se cumplen esas condiciones, podrán emplearse datos de salud y sistemas biométricos como el escaneo de rostros. La norma abre así la puerta al uso de categorías especialmente sensibles dentro del desarrollo de herramientas de inteligencia artificial.
Menores y sanciones a las empresas
En el caso de los menores de 16 años, la ley sí introduce una salvaguarda específica. Será necesaria la aprobación de los padres y además deberá acreditarse que la actuación responde al mejor interés del menor.
La reforma también prevé sanciones para las empresas que actúen de manera maliciosa. En esos supuestos, las multas podrán equivaler a las ganancias obtenidas mediante ese comportamiento.
Filtraciones y estrategia de país
Otro de los cambios afecta a las brechas de seguridad. Si se produce una filtración de datos y el perjuicio es considerado menor, las organizaciones no estarán obligadas a comunicarlo a las personas afectadas.
La modificación legal se enmarca en la estrategia del Gobierno japonés para convertirse en el país con mayores facilidades para la aplicación de la inteligencia artificial. Ese movimiento responde también a un diagnóstico compartido por el Ejecutivo y por empresas del país, que vienen señalando una falta de innovación en el Japón actual.