El Comité Europeo de Protección de Datos ha publicado unas nuevas directrices para ordenar el uso de datos personales en investigación científica, un marco que llega tras seis años de debate y que fija criterios sobre reutilización de información sanitaria, ensayos clínicos e inteligencia artificial.
Un marco común para investigaciones futuras
El documento introduce la figura del consentimiento amplio, una fórmula que permitirá a los pacientes autorizar el uso de sus datos en futuras investigaciones vinculadas a una patología concreta. Ese uso no será automático, ya que deberá quedar sometido a la supervisión de un comité de ética o de otro órgano independiente.
Las directrices también recogen que, con carácter general, puede presumirse la compatibilidad entre la reutilización de datos personales con fines de investigación científica y el objetivo inicial con el que fueron recabados. Esa posibilidad, no obstante, queda sujeta a una evaluación individualizada en cada caso.
Datos para inteligencia artificial e investigación sanitaria
Otro de los puntos relevantes afecta al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. La nueva interpretación permite utilizar datos personales sin recabar un consentimiento individual cuando exista una base jurídica suficiente, ya sea por interés público, por una misión en el ámbito de la salud o por interés legítimo.
En esa línea, la Agencia Española de Protección de Datos avala el recurso al interés legítimo como base para tratar datos con fines de investigación, también en entornos comerciales, siempre que se realice la correspondiente ponderación de intereses.
Reutilización de datos de ensayos clínicos
Las directrices abren además la puerta a reutilizar datos obtenidos en ensayos clínicos para investigar otras enfermedades. Ese uso deberá mantenerse dentro del ámbito científico y conservar las salvaguardas exigidas para proteger la información personal.
El texto tiene especial relevancia porque actúa como interpretación autorizada del RGPD en este terreno. Ahora queda abierto a consulta pública hasta el 25 de junio de 2026, plazo en el que podrán presentarse observaciones antes de su aprobación definitiva.