El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anulado la sanción disciplinaria que el Ayuntamiento de Salou impuso a una agente de la Policia Local por un supuesto caso de desobediencia.
La sentencia revoca la resolución previa del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Tarragona y deja sin efecto la suspensión de empleo y sueldo de dos meses y ocho días que pesaba sobre la funcionaria desde los hechos ocurridos en 2018.
El tribunal aprecia vulneración del derecho de defensa
La sala judicial centra su análisis en los defectos de tramitación del expediente administrativo y no entra a valorar si existió o no una conducta desobediente por parte de la agente. El magistrado considera que se vulneró el derecho de defensa al no practicarse las declaraciones testificales solicitadas por la recurrente.
El TSJC anula el expediente por defectos de forma en la instrucción del procedimiento.
Entre los testigos propuestos figuraban mandos policiales, responsables municipales y una compañera que acompañó a la funcionaria al centro médico tras los hechos. Algunas de las declaraciones incluidas en el expediente se realizaron sin la presencia de la agente ni posibilidad de formular preguntas, lo que limitó su capacidad de contradicción.
Además, el tribunal aprecia deficiencias en la descripción de la infracción. La resolución señala que la administración no concretó qué conducta exacta se calificaba como falta grave, lo que genera indefensión para la trabajadora pública.
Los hechos se remontan a un servicio en solitario
El conflicto surgió el 5 de marzo de 2018. Una responsable policial ordenó a la agente realizar un servicio de vigilancia administrativa en el mercadillo municipal a pie y en solitario.
La funcionaria manifestó miedo a patrullar sola y solicitó realizar el servicio en vehículo o acompañada por otro agente. Ante la negativa, la jefatura policial inició un expediente por falta grave de desobediencia según la ley de policías locales de Catalunya.
La agente recurrió la sanción alegando problemas de ansiedad conocidos por la Administración. Defendió que sufrió un ataque de pánico que derivó en baja médica inmediata después del incidente.
El Ayuntamiento de Salou ha declarado que actúa siempre con el máximo respeto a la legalidad vigente y a las resoluciones judiciales. El consistorio recuerda que el expediente se tramitó a través de los órganos competentes en materia de coordinación de policías locales de Catalunya.
El ejecutivo local afirma que acata la sentencia como no puede ser de otra manera en el marco de un estado de derecho. Destaca su compromiso con el buen funcionamiento de los servicios públicos y el respeto a la cadena de mando dentro de los cuerpos de seguridad.
La resolución judicial deja sin efecto todas las consecuencias económicas y administrativas asociadas a la sanción original.