El Senado de la República ha aprobado una reforma que prohíbe a las escuelas públicas y privadas utilizar la voz, la imagen o los datos personales de niñas, niños y adolescentes con fines comerciales sin la autorización expresa de madres, padres o tutores. La medida busca cerrar vacíos legales en la normativa educativa sobre el uso de contenidos que afecten a menores.
El dictamen establece que ningún centro educativo podrá difundir o usar fotografías, vídeos, audios o cualquier dato personal del alumnado para publicidad, mercadotecnia o promoción institucional sin un consentimiento previo, informado y por escrito. La restricción se extiende a todos los canales de difusión, desde materiales publicitarios hasta redes sociales y campañas escolares.
Consentimiento por escrito y posibilidad de revocarlo
Uno de los puntos centrales de la reforma es que no serán válidas las autorizaciones generales ni las fórmulas implícitas. El permiso deberá ser previo, expreso, informado y constar por escrito. Además, podrá revocarse en cualquier momento sin que eso tenga consecuencias sobre la situación académica del menor.
La reforma parte del principio del interés superior de la niñez, recogido en la Constitución mexicana y en tratados internacionales, y pretende reforzar la protección frente al uso indebido de la imagen y de los datos personales, especialmente en entornos digitales y con fines comerciales.
Debate en la Cámara alta
En la discusión del dictamen participaron Raúl Morón Orozco, presidente de la Comisión de Educación, junto a Cynthia Iliana López Castro y María del Rocío Corona Nakamura. Durante el debate, los legisladores coincidieron en la necesidad de aumentar las garantías de protección para la infancia ante prácticas que se habían extendido en el ámbito educativo.
El texto señala que el uso de imágenes o testimonios de estudiantes para promocionar servicios sin autorización familiar era una práctica habitual, sobre todo en escuelas privadas. Con esta modificación legal, el Senado pretende fijar límites claros a esa difusión y obligar a los centros a contar con un consentimiento específico antes de cualquier utilización comercial.
Siguiente paso legislativo
Tras su aprobación en el Senado, el dictamen deberá continuar su tramitación legislativa antes de una eventual entrada en vigor. Si supera ese recorrido, las escuelas estarán obligadas a adaptar sus procedimientos de autorización para el uso de contenidos en los que aparezcan menores.