Tres de los seis institutos seleccionados en la provincia de Lleida para el plan piloto de presencia policial han rechazado abiertamente participar en la iniciativa. La negativa formal del Instituto Lo Pla d'Urgell de Bellpuig al departamento de Educación consolida un frente de oposición que ya incluía a los centros Alfons Costafreda de Tàrrega y Ribera del Sió de Agramunt.
El proyecto, fruto de la colaboración entre los departamentos de Educación e Interior de la Generalitat, pretendía incorporar agentes de los Mossos d'Esquadra en estos espacios educativos durante el curso escolar.
La resistencia se extiende más allá de Lleida
No es un fenómeno aislado en las comarcas interiores. El instituto Margarida Xirgu de L’Hospitalet también se ha desmarcado públicamente del programa impulsado por el Gobierno catalán. Esta suma de rechazos deja al plan piloto con una implantación testimonial en la zona donde debía arrancar con mayor fuerza.
Solo dos centros leridanos mantienen una postura diferente ante la propuesta institucional.
La dirección de la Escòla d’Ostalaria de Les es el único centro de la demarcación que ha manifestado explícitamente su intención de colaborar con la iniciativa. Por su parte, el instituto Manuel de Pedrolo de Tàrrega no ha emitido un rechazo formal, aunque fuentes internas confirman la existencia de un intenso debate dentro de la comunidad educativa sobre la conveniencia de aceptar la medida.
Agentes sin armas para "favorecer la convivencia"
El ejecutivo autonómico defiende que la estrategia busca mejorar el clima escolar mediante la figura de agentes de paisano y sin armas. La Generalitat asegura que la presencia pretende favorecer la convivencia en los centros educativos como herramienta preventiva ante conflictos.
"Asignar policías supone estigmatizar a los centros y a parte del alumnado" - Sindicatos y asociaciones de familias
Numerosos sindicatos, asociaciones de familias de alumnos y entidades del sector educativo han cuestionado este argumento. Los detractores consideran que la medida etiqueta negativamente a los estudiantes, especialmente a aquellos en situación de vulnerabilidad social o académica.
La polémica irrumpe en un escenario de alta tensión en el sector. Las movilizaciones docentes actuales reclaman mejoras salariales y laborales, además de una reducción urgente de las ratios de alumnos por aula.
Curiosamente, un centro educativo del Baix Llobregat que no formaba parte de la selección inicial del plan piloto ha solicitado por su cuenta incorporar agentes de policía a sus instalaciones. Esta petición contrasta con el rechazo mayoritario de los institutos designados oficialmente para probar el modelo.
La discrepancia entre la teoría gubernamental y la aceptación real en los territorios marca el estado actual del despliegue. Mientras la administración insiste en el carácter preventivo de la medida, la mayoría de directores de los centros previstos en Lleida han optado por mantener a los Mossos d'Esquadra fuera de sus pasillos.