El Ayuntamiento de Lleida quiere prohibir el uso del burka y de cualquier otro velo integral en la vía pública y en los espacios municipales a través de la nueva ordenanza de civismo, que el gobierno local prevé llevar al pleno de junio para su aprobación.
La propuesta fija en su artículo 12 que quedará prohibido llevar cualquier prenda o indumentaria que oculte el rostro en los espacios públicos. La medida afecta al velo integral, aunque la redacción se extiende a cualquier elemento que impida mostrar la cara.
Multas y excepciones previstas en la ordenanza
El texto plantea que el ocultamiento del rostro sea considerado una infracción leve. En ese caso, la sanción prevista se situará entre 300 y 750 euros. La ordenanza, en su conjunto, establece además un cuadro sancionador con infracciones leves de 400 a 750 euros, graves de 751 a 1.500 euros y muy graves de 1.501 a 3.000 euros.
La prohibición no se aplicará en lugares de culto, tampoco en espacios donde cubrirse el rostro sea una costumbre social aceptada, ni en aquellas situaciones en las que se haga en ejercicio de un derecho fundamental.
El gobierno local defiende un enfoque de derechos
El alcalde, Fèlix Larrosa, y la teniente de alcalde de Feminismo, Carme Valls, han enmarcado la medida en una perspectiva distinta a la que ya intentó impulsar la Paeria hace más de una década. Ambos sostienen que la ordenanza no busca aislar ni excluir socialmente a las mujeres que lleven velo integral.
Larrosa ha defendido que la propuesta tiene otro planteamiento y que no se formula desde una cuestión de seguridad, sino desde los derechos fundamentales, con especial atención al derecho de las mujeres a decidir. En paralelo, el consistorio prevé activar un plan complementario para evitar situaciones de revictimización.
Un plan paralelo para evitar la exclusión
Ese plan, vinculado a la aplicación de la ordenanza, se orienta a que las mujeres afectadas puedan disponer de autonomía real, vínculos sociales y acceso a recursos. El objetivo municipal pasa por acompañar la medida sancionadora con actuaciones de apoyo y seguimiento.
La iniciativa reabre un debate que en Lleida ya tuvo un precedente en 2010, cuando el gobierno de Ángel Ros aprobó una prohibición del burka que más tarde fue anulada por el Tribunal Supremo. Ahora, el ejecutivo municipal confía en sacar adelante un nuevo texto con una fundamentación distinta y dejarlo listo para votación en el pleno de junio.