El Ayuntamiento de Rosselló ha impuesto casi cuarenta sanciones en lo que va de año a personas de otras localidades por dejar residuos en los contenedores del municipio. La mayoría de los infractores proceden de Alguaire y, en menor medida, de Almenar, dos poblaciones donde la recogida de basura funciona con el sistema puerta a puerta.
La paradoja para el municipio es que el control llega desde fuera y el coste también. Rosselló decidió empezar a multar a finales de 2023 después de detectar que retira más de una tonelada al año de residuos abandonados por vecinos de otros pueblos, sobre todo en los contenedores de fracción no reciclable.
Rosselló multa con 300 euros los vertidos de vecinos de otros municipios
El importe de cada sanción es de 300 euros y puede subir hasta los 1.000 euros en caso de reincidencia, aunque por ahora el consistorio no ha detectado ningún caso de repetición. Antes de tramitar las multas, el ayuntamiento había realizado advertencias previas.
Además del personal de la brigada, dos agentes municipales participan en la inspección de las bolsas que aparecen fuera de los contenedores para intentar identificar a los responsables. El refuerzo se centra en localizar a personas que llegan desde otros municipios para dejar allí sus residuos.
Cuando detectan estas conductas, los agentes utilizan lectores PDA para identificar a los conductores de los vehículos y remitirles después la notificación de la sanción.
El municipio retiró más de una tonelada anual de residuos ajenos
La presión se concentra sobre todo en los contenedores de desechos no reciclables, que son los que han acumulado la mayor parte de los residuos abandonados por personas que no viven en Rosselló. El ayuntamiento situó ese volumen por encima de una tonelada anual antes de activar el régimen sancionador a finales de 2023.
Alguaire aparece como principal punto de procedencia de los infractores y Almenar figura en segundo lugar. Ambos municipios comparten el sistema puerta a puerta, un modelo que ha llevado al consistorio de Rosselló a reforzar la vigilancia en sus áreas de contenedores.
Sobre las herramientas de control, Joan Andreu Urbano, alcalde de Rosselló, reclamó más margen normativo para los ayuntamientos y afirmó que la Generalitat de Catalunya debería ser más permisiva para que los municipios pudieran instalar cámaras de videovigilancia.
Hasta ahora, el consistorio no ha aplicado ninguna multa de 1.000 euros, ya que las casi cuarenta sanciones tramitadas en lo que va de año corresponden a infracciones sin reincidencia detectada.