La Diputación de Lleida ha cedido 84 cargadores eléctricos para bicicletas y otros vehículos a 51 municipios en los últimos meses, pero solo 20 funcionan cuando el plazo de instalación vence este verano. La demora ha llevado ya a cinco ayuntamientos a renunciar a los equipos que había distribuido la corporación provincial.
La contradicción quedó expuesta en el pleno de la institución. Los cargadores ya han sido entregados a la mayoría de municipios, pero buena parte sigue sin poder usarlos por los trámites de legalización eléctrica, un cuello de botella que varios alcaldes situaron en la actuación de la compañía distribuidora.
Cinco municipios devolvieron los cargadores mientras solo 20 ya están operativos
Seròs, Corbins, Baix Pallars, Conca de Dalt y La Pobla de Segur han renunciado a los cargadores eléctricos cedidos por la Diputación. El dato apareció en el debate plenario sobre una medida que pretendía extender la red de recarga local y que, a pocos meses de que expire el plazo, sigue lejos de completarse.
Durante la sesión, Manel Solé, diputado provincial de Impulsem y alcalde de La Granja d'Escarp, explicó que su municipio tiene el dispositivo preparado pero no ha podido ponerlo en marcha. Solé atribuyó el atasco al trámite pendiente con la compañía eléctrica.
"Nos encontramos con dificultades inauditas para que Endesa finalice el trámite de legalización. Lo tenemos todo listo, pero no hay manera" - Manel Solé, diputado provincial de Impulsem y alcalde de La Granja d'Escarp
Marc Baró, diputado de ERC y alcalde de La Pobla de Segur, describió el problema en términos similares. En su intervención, sostuvo que las compañías eléctricas están alargando los tiempos hasta hacer inviable una activación ágil de este tipo de infraestructuras.
En su caso, precisó que han necesitado más de un año y medio para activar un cargador. Baró calificó de drama la actuación de las compañías eléctricas en un despliegue que afecta tanto a municipios del Segrià como del Pallars.
Joan Talarn ligó el seguimiento a Endesa al mismo pleno que aprobó 1,95 millones en créditos
Ante las quejas, el presidente de la Diputación, Joan Talarn, asumió el compromiso de seguir el problema y de contactar con Endesa para intentar acortar los plazos de legalización. La intervención llegó en una sesión con varios acuerdos de alcance municipal.
El pleno también aprobó 1,95 millones de euros en créditos extraordinarios para municipios de más de 4.500 habitantes, capitales de comarca y consells comarcals. El dinero irá destinado a contratar personal para inspecciones sanitarias en comercios.
Además, la corporación sacó adelante una moción a favor de las reivindicaciones de la comunidad educativa. El texto prosperó después de que Juan Antonio Serrano, de UA, retirara un comentario sobre una parte de hipocresía al mezclar exigencias salariales y mejora de condiciones, tras las críticas de Junts per Catalunya.
El acuerdo económico fija una dotación de 1,95 millones de euros para reforzar las inspecciones sanitarias en comercios de municipios de más de 4.500 habitantes, capitales de comarca y consells comarcals.